El Gobierno nacional oficializó este viernes la designación de Daniel Menéndez como secretario ejecutivo del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, con rango y jerarquía de secretario, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

Así lo establece el Decreto 195/2023 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, publicado en el Boletín Oficial de este viernes.

La designación se enmarca en el deseo de «dinamizar la operatividad» del consejo, al que se le encomendó promover una «agenda para la institucionalización y el desarrollo de la Economía Popular», según dicen los considerandos de la norma.

Entre los objetivos, se encuentra «el fortalecimiento productivo, la formalización de los trabajadores y las trabajadoras y el fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los emprendimientos de la Economía Popular».

En tanto, entre las funciones del secretario ejecutivo figuran la de «convocar las sesiones del Consejo y fijar el orden del día de conformidad con lo que establezca su reglamento interno de funcionamiento» así como «propiciar el orden en las sesiones y visar las actas, ordenar la publicación de las recomendaciones y de los acuerdos, y disponer las acciones y medidas necesarias para su cumplimiento».

El funcionario también deberá «representar al Consejo, cuando le sea requerido, ante las autoridades públicas, otros consejos que cumplan similares funciones, organismos internacionales e instituciones privadas y de la sociedad civil», enumera el anexo del decreto.

En declaraciones a la prensa, Menéndez -responsable nacional del Movimiento Somos Barrios de Pie- agradeció su designación y enumeró alguno de los objetivos de lo que será su gestión.

«Es un honor la decisión y confianza del equipo del presidente Alberto Fernández, de la ministra (De Desarrollo Social) Victoria Tolosa Paz, de honrarme para conducir el Consejo de Economía Popular en pos de seguir la continuidad de las políticas sociales del Gobierno, que tiene por objetivo dar una vuelta de página en las políticas de asistencialismo y que se transformen en una políticas de desarrollo para la producción y el trabajo, como el camino hacia una Argentina como la que soñamos», remarcó el funcionario.

En ese sentido, reconoció que el país atraviesa «momentos difíciles en materia social, con los niveles de pobreza y el impacto que tiene hoy el proceso inflacionario».

«Estamos convencidos que el camino es no aceptar las limitaciones y las imposiciones que pretende el Fondo Monetario Internacional tanto en materia de ajuste sobre las políticas sociales, como a las impugnaciones a decisiones que tienen que ver, por ejemplo, la moratoria jubilatoria, que expresamente ha planteado el FMI», indicó.

Explicó, asimismo, que su participación en el Consejo «apunta a sostener un camino de desarrollo con inclusión social en todo el país, aún en tiempos difíciles, y la firmeza en la discusión ante quienes quieren imponernos políticas de ajuste».

«El desafío tiene que ver con articular las políticas públicas vinculadas con la economía popular y para esto partimos de un diagnóstico claro que hace a más de ocho millones de trabajadores que hoy trabajan sin derechos y sobre esto necesitamos políticas claras que avancen en promover sus derechos, avanzar con el monotributo social y productivo, que permita avanzar en una mayor cantidad de derechos, entre otras medidas», concluyó.