El Senado de Santa Fe le dio media sanción al proyecto de narcotest obligatorio para funcionarios
El proyecto impulsado por el representante del departamento Vera, Osvaldo Sosa, exige examen toxicológico para funcionarios de los tres poderes. Ahora deberá ser tratado por la Cámara de Diputados.
Durante la sesión de este jueves del Senado de la provincia de Santa Fe obtuvo media sanción el proyecto que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos, conocidos como narcotest, para las personas que ejerzan cargos públicos electivos por voluntad popular o que hayan sido designadas políticamente en cualquiera de los tres poderes del Estado provincial.
El proyecto fue impulsado por el senador Osvaldo Sosa (departamento Vera), quien sostuvo que “quienes tenemos responsabilidades públicas debemos dar el ejemplo”. La iniciativa continuará ahora su tratamiento legislativo en la Cámara de Diputados.
El artículo 1º del proyecto establece la obligatoriedad del examen toxicológico “destinado a detectar la presencia de sustancias psicoactivas ilegales, para todas las personas que ejerzan cargos públicos efectivos por voluntad popular o que hayan sido designadas políticamente, en cualquiera de los tres poderes del Estado” santafesino durante el ejercicio de su gestión.
El objetivo declarado del proyecto de ley es “fortalecer la integridad institucional, la transparencia en la gestión pública y la confianza ciudadana , mediante la prevención, detección y abordaje temprano del consumo de sustancias prohibidas en el ámbito del Estado”.
Los test de narcolemia abarca a funcionarios de los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y, de acuerdo al proyecto que obtuvo media sanción en el Senado, deberán realizarse dentro de los 30 días corridos desde la asunción del cargo, y luego con una frecuencia mínima anual. A la vez, la iniciativa contempla que se hagan de manera aleatorio “mediante sorteo imparcial y bajo protocolo de transparencia”.
El proyecto enfatiza un abordaje no punitivo ante los casos que resulten positivos, disponiendo la intervención de un equipo interdisciplinario que brindará contención y evaluará la aptitud del funcionario.
Entre las medidas posibles se contemplan tratamientos ambulatorios, licencias temporales o reasignaciones transitorias, resguardando el derecho a la salud mental y la confidencialidad de los datos.