Emergencia en Discapacidad: reclaman la implementación urgente de la ley votada por el Congreso
Organizaciones, profesionales del sector, familias y prestadores realizaron una presentación ante la Defensoría del Pueblo, acompañados por un grupo de concejales, para exigir que el Gobierno Nacional cumpla la ley. Denuncian recortes en prestaciones, cierre de instituciones y retrocesos en la atención de niños y niñas.
Este martes, diversas organizaciones vinculadas a la discapacidad, profesionales del sectro, Colegios de Psicólogos, con el acopmpañamiento de concejales de la ciudad de Rosario, presentaron un reclamo formal ante la Defensoría del Pueblo para exigir la implementación efectiva de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La presentación fue realizada por transportistas nucleados en ATRAES, instituciones agrupadas en APRIDIS, y representantes del Colegio de Profesionales, entre otros actores del sector.
El reclamo surge luego de que el presidente de la Nación promulgara la ley recientemente aprobada por el Congreso, pero suspendiera su aplicación, dejando su ejecución supeditada a una nueva decisión del Congreso para garantizar recursos. Las organizaciones calificaron la maniobra como una “suspensión política” que afecta directamente a miles de personas con discapacidad y sus familias.
“Apoyar esta lucha no tiene que ver con decisiones partidarias, sino con los derechos de las personas con discapacidad, que están siendo vulnerados. Siempre ha pasado, pero ahora es aún más grave”, expresó a Conclusión Ivana, integrante de TGD Padres Rosario TEA. Desde su organización aseguran que reciben testimonios diariamente de familias que están perdiendo prestaciones, enfrentan el cierre de instituciones o se ven forzadas a interrumpir terapias esenciales. “Muchos chicos han dado marcha atrás en su evolución. Sin acompañantes, ni siquiera pueden asistir a la escuela. Es todo retroceso”, señaló con preocupación.
“La ley ya salió, fue votada, volvió a las cámaras. El pueblo está diciendo que se necesita. Lo tienen que hacer”, concluyó Ivana.
Asimismo, Mariel Chapero, de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), apuntó que lo que ocurre con la Ley «tiene que ver con la política que no sólo afecta a las personas con discapacidad y a todo el sector, sino a la población en general. Es una política de abandono y crueldad».
Por su parte, Pablo Bolego, referente de ATRAES, en diálogo con este medio, apuntó directamente contra el Poder Ejecutivo: “El Gobierno Nacional no quiere cumplir con la ley. Está incumpliendo una norma votada por una mayoría abrumadora en el Congreso”. Y añadió: “Es una situación absolutamente grave y límite. Mientras se habla de gastos, se toman decisiones como la condonación de retenciones que desfinancian al Estado”.
Bolego apuntó que «la aplicación de la ley es una responsabilidad del Estado, de ninguna manera puede trasladarle al Congreso de la Nación la decisión de establecer de dónde sacar las partidas. Hay una decisión política clara de no cumplir con la ley»
Los referentes advierten que esta presentación ante la Defensoría es solo una de las acciones planificadas, y anticipan nuevas movilizaciones. El objetivo es claro: que se cumpla de forma inmediata una ley que, como remarcan, fue respaldada por el Congreso y por amplios sectores de la sociedad.