En una reunión inédita, todos los gobernadores de provincias productoras de hidrocarburos se reunieron este miércoles para fijar postura sobre las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei y ratificar su compromiso «en defensa del dominio originario obre los recursos hidrocarburíferos en sus territorios y las facultades de administración asociadas».
La conocida como «Junta de Gobernadores» de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) se reunió en la ciudad de Buenos Aires, en el Consejo Fderal de Inversiones y se evidencia como un bloque multipartidario, un frente común, que incluye a mandatarios de la UCR, el peronismo y el PRO. Fue convocada por los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres, y de Neuquén, Rolando Figueroa y del encuentro participaron presencial Alberto Weretilneck, de Río Negro, Sergio Ziliotto de La Pampa, Carlos Sadir, de Jujuy y Gustavo Melella de Tierra del Fuego. En forma virtual se conectaron representantes y mandatarios de Nequén, Salta, Santa Cruz, Mendoza y Formosa. Los mandatarios analizaron el Proyecto de Ley Bases, presentado por el Gobierno nacional y que impacta directamente en la regulación de la actividad en sus territorios.
En un extenso comunicado de siete páginas, expresaron su rechazo a los aspectos del Proyecto de Ley «Bases y Puntos de partida para la Libertad de los Argentinos» que podrían «limitar las facultades de administración de las provincias sobre sus recursos naturales».
Los gobernadores manifestaron su objetivo: potenciar la producción de petróleo y gas a nivel nacional y solicitaron al Gobierno un «ámbito deliberativo para analizar en profundidad las modificaciones propuestas en el Proyecto de Ley», y señalaron a la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI) como el espacio natural para «discutir las cuestiones relacionadas con la política hidrocarburífera entre la Nación y las Provincias».
En la declaración «ratificaron su compromiso con la defensa del dominio originario obre los recursos hidrocarburíferos en sus territorios y las facultades de administración». Asimismo, subrayaron la importancia de buscar un marco jurídico que «proporcione previsibilidad y fomente la generación de empleo, la actividad económica y el valor agregado en cada provincia».
Si bien no marcaron su posición respecto de la privatización de YPF, algunos referentes deslizaron que la postura en común es contraria a la venta de la petrolera reestatizada.
Además, los mandatarios manifestaron su apoyo a la «defensa del rol estratégico de las empresas estatales provinciales en la consecución del desarrollo energético».
En el documento también mencionaron diversos aspectos técnicos particulares de la actividad. Asimismo, manifestaron su acuerdo respecto de la necesidad de implementar mecanismos que maximicen la renta obtenida en la explotación de los recursos, aunque consideraron que, para garantizar la «previsibilidad y transparencia en el otorgamiento de permisos y concesiones», los procesos licitatorios son «herramientas fundamentales».
En esta línea, pidieron que el pliego base de los procesos licitatorios «contemple criterios que permitan adaptarse a la realidad» de cada proyecto, así como flexibilizar los plazos de concesión.
Además, rechazaron de manera contundente la derogación del artículo 32 de la ley 17.319 que les otorga a las Autoridades de Aplicación de las Provincias el control, la evaluación y la aprobación de las inversiones y solicitaron que no se elimine la potestad de las provincias de otorgar prórrogas a las concesiones vigentes.
En materia fiscal, se alinearon con los cuestionamientos de otros sectores de la economía respecto del aumento de los derechos de exportación que el proyecto de Ley pretende delegar en el Poder Ejecutivo. En cambio, solicitaron que la alícuota máxima a aplicar por derechos de exportación a los hidrocarburos no supere el porcentaje vigente en la actualidad del 8%.
Por otra parte, pidieron readecuar el artículo que modifica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), porque según detectaron descarta los proyectos de explotación hidrocarburífera.
Además, lanzaron una demanda puntual a las empresas que tienen la concesión de los recursos naturales. Así, solicitaron a las compañías que cedan las áreas maduras de explotación convencional que no están siendo explotadas por «falta de interés estratégico» a las provincias.
Los gobernadores enviarán una versión reformada del proyecto al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, con quien vienen conversando en privado desde que se conoció la iniciativa.
Algunos puntos en cuestión
Al detallar algunos de los puntos de la ley con los que no están de acuerdo, los mandatarios de provincias petroleras remarcaron: «Manifestamos nuestro total desacuerdo con la derogación propuesta del artículo 32 de la ley 17.319, toda vez que el mismo constituye una herramienta fundamental de las autoridades de aplicación de las provincias».
En el extenso comunicado, los gobernadores también marcaron diferencias en lo vinculado con las regulaciones ambientales de las explotaciones de hidrocaburos, el régimen de incentivo para grandes inversiones y reivindican el rol de empresas estatales provinciales de hidrocarburos.
Asimismo, reiteraron que las provincias podrían hacerse cargo de las explotaciones petroleras consideradas «no estratégicas».
En este sentido, explicaron que en «aquellas áreas maduras de explotación convencional que no sean de interés estratégico» se deberán «arbitrar los procesos de cesión y/o reversión de las mismas hacia las provincias».
Los gobernadores señalaron que están dispuestos a «participar en los ámbitos legislativos pertinentes para realizar todos los aportes necesarios». Y aseguraron que elevarán una «propuesta de texto normativo para su consideración».
