La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, fue suspendida en su cargo por el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, mientras lideraba un juicio en contra del ex gobernador Sergio Urribarri por presuntos casos de corrupción.

Además, se apartaron de la causa a otros dos fiscales que trabajaban junto a Goyeneche y fueron reemplazados por un abogado de la matrícula.

De esta manera, la fiscal anticorrupción de Entre Ríos deberá enfrentarse a un jury por mal desempeño, falta de idoneidad moral e incumplimiento de los deberes a su cargo.

Los motivos de la acusación giran en torno a su actuación en la causa donde se investiga presuntas irregularidades en contrataciones de la Legislatura de Entre Ríos entre 2008 y 2018.

Goyeneche estaba llevando a cabo una investigación sobre el cobro de 53 millones de dólares que realizó la Legislatura, supuestamente, mediante empleados fantasmas y donde se ve implicado el sobrino de Urribarri, Juan Pablo Aguilera.

La fiscal señaló que los denunciantes que causaron su suspensión forman parte del estudio que defiende a quienes ella investiga, y culpó al actual gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet y al «urribarrismo» por esta situación.

En ese marco, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (AFFUM) instó al poder político a no violar las garantías de autonomía e independencia de los fiscales y actuar con la «mayor prudencia».

«Las garantías que poseen los y las Fiscales en el ejercicio de su función, no son su patrimonio individual, sino concesiones efectuadas por la sociedad en el marco constitucional para el desenvolvimiento de su labor y debe primar la mayor restricción posible en su interpretación a fin de no dañar la credibilidad de las Instituciones», enfatizó la AFFUM en un comunicado.