El Gobierno nacional entregará «certificados de vivienda familiar» a habitantes de unas 4.100 villas de emergencias de todo el país a partir de un decreto publicado en el Boletín Oficial.

La norma, que cuenta con las firmas del presidente Mauricio Macri y de la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley,  dispone la creación del «certificado de vivienda familiar».

Se trata un instrumento que entregará la Anses a los habitantes de 4.100 villas de todo el país y que les permitirá acceder a distintos servicios y trámites, como los relacionados a los servicios públicos, aunque no tiene valor como título de propiedad.

Los certificados serán entregados por Anses a partir de un relevamiento que arrojó que alrededor de 1.300.000 personas viven en asentamientos.

El certificado será entregado a partir del 8 de junio próximo, mientras que siete días antes se realizará una prueba piloto en los municipios de Vicente López, Lomas de Zamora y Corrientes capital.

El Ministerio de Desarrollo Social, para el estudio que se encuentra en proceso, ya visitó 3.725 villas del total de 4.100 que se estima existen en el país, mientras que se estableció la situación de 1.340.272 personas, pertenecientes a más de 400 mil familias.

En el decreto publicado este martes en el Boletín Oficial, se detalla la creación del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, cuya función principal será registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016.

Se menciona que dentro del plazo de 90 días hábiles a partir de la entrada en vigencia del presente, se podrá actualizar el citado registro con los referidos inmuebles y construcciones existentes, aún no relevados donde existan barrios populares conformados con anterioridad al 31 de diciembre de 2016.

Además, aclara que con posterioridad a dicho plazo sólo se actualizará el registro de los datos de las personas que habitan en ellas.

Dicho registro estará compuesto por aquellos barrios populares que se encuentren integrados con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad del suelo ni con acceso regular a al menos dos de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).