Espert apeló su procesamiento en la causa por presunto lavado de activos: “El fallo tiene tintes políticos”

El ex diputado nacional oficialista José Luis Espert apeló este martes su procesamiento en la causa que lo investiga por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

El ex legislador rechazó de esta manera la decisión del juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y cuestionó los fundamentos del fallo con el que lo había procesado.

Según dijo, dicho fallo fue «contradictorio, sesgado, falto de pruebas y cargado de tintes políticos», por lo que sus abogados presentaron dos recursos para que la Cámara Federal de San Martín revise la resolución, revoque el procesamiento y dicte su sobreseimiento.

La presentación además busca dejar sin efecto el embargo de 1.000 millones de pesos sobre los bienes de Espert y la prohibición de salir del país, dos medidas impuestas la semana pasada.

Según Espert, Mirabelli “tuvo por probado que los 200.000 dólares que recibí en enero de 2020 como anticipo de un contrato de consultoría provenían de un delito, que el contrato era simulado y que recibirlos en mi cuenta y gastarlos a mi nombre fue ‘lavarlos’”, pero “descartó buena parte de lo que la Fiscalía había pedido”.

“No tuvo por acreditado que el fideicomiso de la costa ni el vehículo pagado a fines de 2024 tuvieran relación alguna con aquel dinero, rechazó las agravantes que se pretendían y reconoció que no hay razones para dudar de mi idoneidad profesional para prestar el servicio contratado. La imputación quedó reducida, en lo sustancial, a la transferencia recibida desde EE. UU., su aplicación a dos automóviles y la contabilidad de una sociedad”, enfatizó.

También apuntó que el procesamiento “se contradice a sí mismo”, ya que el juez tomó la decisión por un delito “cuya prueba el juzgado todavía espera”.

“Se exige a sí mismo probar un delito previo vinculado a los fondos recibidos y páginas después declara innecesario probar ese vínculo. Y describe a Machado, para la época del contrato, como un empresario aeronáutico, sin sospecha aparente sobre su reputación. Pero yo debía saber -según el juez- que no lo era. ¿Debo ser clarividente yo?”, manifestó.

Espert negó que haya habido un lavado de dinero ya que “no hubo nada escondido” y el dinero ni se devolvió a su dueño ni de “disfrazó” como propio. “Machado no recibió de vuelta un solo dólar. El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo. Y si lo hubiera lavado para mí, habría que creer que planifiqué una simulación al detalle y cometí al mismo tiempo el único descuido capaz de delatarme, que fue recibir el dinero desde la cuenta de un tercero distinto del contratante y sin exigir factura”.

Por otro lado, mencionó que el juez le reprochó que “debía saber al recibir el dinero que Machado andaba en cosas ilícitas” en 2019, cuando “los organismos estatales que sí tenían los medios para saber o sospechar algo y que trataron con Machado, no advirtieron nada raro”.

Además, cuestionó que Mirabelli cerró el fallo con una “reflexión sobre el lavado” y “la financiación de figuras de un espacio político” y de “campañas electorales”, hechos por los que nunca fue indagado. “Es muy grave, porque se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente, y porque revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme”, insistió.

La causa

La investigación deriva de una transferencia de 200.000 dólares que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos, desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, asociada a Federico «Fred» Machado.

Cabe recordar que el caso tuvo varios episodios públicos cargados de contradicciones e inconsistencias de parte del ex diputado nacional oficialista. Para justificar los movimientos de dinero, Espert había presentado un contrato por prestación de servicios a Minas del Pueblo, una minera radicada en Guatemala -referenciada también con Machado-.

La pesquisa que llevó adelante el fiscal Fernando Domínguez consideró, según retoma el portal Infobae, que el contrato fue una cobertura para dar apariencia lícita al dinero transferido. Domínguez asegura que Espert no registró viajes a Guatemala ni antes ni después del acuerdo y tampoco hay constancias de visitas a la explotación minera, lo que lleva a especular que la empresa habría sido una pantalla.

En un video que el economista difundió en su momento para justificar la transferencia, argumentó que la pandemia de Covid-19 frustró su viaje a Guatemala para llevar a cabo la asesoría para la cual, supuestamente, lo había contratado la minera. Dicha firma -dijo- le hizo la transferencia de 200.000 dólares «a modo de adelanto», un monto que Minas del Pueblo nunca declaró y por el que tampoco pidió nada a cambio, a pesar de que la presunta prestación de servicios se interrumpió por la crisis sanitaria. Después, según sostuvo, una vez enterado de las acusaciones contra Machado, puso fin a todo vínculo con la empresa. “Pude haber pecado de ingenuo, pero delincuente jamás”, afirmó el ex legislador.

El fiscal sostiene que Espert no tiene posibilidad de escudarse en el desconocimiento de las irregularidades de la contratación. En un dictamen, apuntó: “La estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”.

Cabe recordar que el presidente Javier Milei intentó instalar recientemente que el caso Espert fue cerrado después de un acuerdo de culpabilidad que firmó Machado ante la Justicia de Texas, pero sus afirmaciones no tenían conexión con la realidad: el ex diputado continúa bajo investigación en el país.