Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (Enviado especial)

La diputada nacional del Partido Obrero y el Frente de Izquierda., Soledad Sosa, denunció la existencia de un “pacto entre Cambiemos y el FpV para proteger a la Barrick Gold”, tras la suspensión por segunda vez en esta semana de la reunión de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados por el derrame en Mina Veladero.

La legisladora, dialogó con Conclusión, y expresó que «el bloque presentó un pedido de informe que se elaboró con vecinos que son miembros de las asambleas de Jáchal e Iglesia al ministerio de Ambiente para que responda una serie de interrogantes. Ese pedido debía tratarse en la comisión de medio Ambiente y en la comisión de Minería».

Seguidamente, la diputada Sosa, reveló que «la comisión de Minería luego del anuncio del nuevo derrame de cianuro de la Barrick, fue suspendida por segunda vez, desde el bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores se buscó defender el pedido de informe y presentamos un pedido de interpelación al ministro Aranguren, titular de Energía y Minería y a al ministro Bergman, para que expliquen en el recinto a los diputados las preguntas que fueren necesarias».

-¿Desde cuando se viene produciendo ésta situación?

– «Hubo un manejo durante el gobierno del Frente para la Victoria, que se continuó bajo la gestión Macri, porque si se observa la operatoria de la Barrick, se observa que se desenvuelve con total impunidad, ya que no da la información que corresponde, como tampoco nadie puede acceder a la mina Veladero, porque posee una jurisdicción propia».

-¿Que dicen las autoridades?

-«Ayer, el ministro Bergman explicaba que existe la jurisdicción de la Barrick, la provincial y la nacional. Por este motivo se presento un proyecto para que la comisión de Minería y la de Medio Ambiente se constituyan en San Juan con equipos especializados para ingresar al lugar y realizar una investigación para que determine si los informes de la empresa son ciertos o no, como también la violación del derecho a la información que tienen los pueblos de dos departamentos que son lo afectados. Incluso el informe que brindó el ministerio de Medio Ambiente es de marzo de 2016, pero se corresponde con el del año pasado, cuando ocurrió el primer derrame de un millón de litros de agua cianurada y que fue denunciado, porque este informe fue adulterado. Aún así, el propio informe revela las graves e inocultables faltas de la empresa burlando el cumplimiento del código internacional del manejo de cianuro. Porque además, no se realiza un control de la presión de las tuberías para que en forma automática se corte el suministro del agua cianurada. También fue necesario denunciar que la comisión de Minería no funciona, sospechamos que existe un pacto para que no se avance en una inspección rigurosa».

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Soledad Sosa, diputada nacional – Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

-¿Sobre que aspectos detecta usted que existen prerrogativas por parte de la empresa para determinar que estamos frente a una legislación casi paralela a la aprobada por las instituciones de la república?

-» Se condice con la reformulación del Código de Minería que fue aprobado por el Gobierno de Carlos Ménem, que otorgaba ciertos beneficios para este tipo de emprendimientos de carácter transnacional que fundan su accionar en la aplicación de un método extractivista y de saque en lo económico, que además es contaminante y que se conservó hasta la actualidad como sistema. En el mini Davos, el mandatario de San Juan, mantuvo una reunión con inversores de empresas mineras del exterior para ofrecer todas las garantías y tranquilidad, porque Argentina no opondría trabas para que el modelo de explotación se extienda en el tiempo».

-¿Cuál es la normativa que está en vigencia que no se respeta?

-«La ley de Glaciares es la vulnerada, a punto tal, que el secretario de la comisión de medio Ambiente, reconoció que la Barrick hace su explotación en un área de periglaciares, es decir, admite que no se está cumpliendo con la ley y por lo tanto la actividad de la empresa no debe proseguir. Por lo pronto, lo que tenemos es una demora en la publicación del inventario de glaciares y hay reclamos de investigadores que conminan a la publicación del informe, que ya existe».

¿Quienes acompañan estos reclamos que ustedes  llevan adelante desde la cámara de diputados?

– «Hay una carpa desde hace una año frente a la municipalidad de Jáchal, de los vecinos que son miembros de la «Asamblea Jáchal no se toca», y que reclaman a las autoridades soluciones. Estos planteos ya fueron presentados por un abogado que solicitó una medida de allanamiento al ministerio de Medio Ambiente para que se de a conocer el inventario de glaciares pero no son tenidos en cuenta». Es muy dispar la lucha entre los beneficiados y los perjudicados, esta empresa es muy poderosa, ya que tiene a la Justicia, el Gobierno y la policía de San Juan a su favor. Es más, fue tan ridícula la multa que se le aplicó a Barrick por el derrame del año pasado, que solo afecto la rentabilidad de un día de la empresa».

-¿Que tipo de daños se detectaron en las inmediaciones del territorio en el que la empresa realiza su explotación?

-«En el informe elaborado por el ministerio de Medio Ambiente, luego de recorrer la zona, se observa que se menciona que se encontraron guanacos muertos  a las orillas de un río, niños con metales pesados en sangre, que alarma. A esto se suma la inseguridad laboral de los trabajadores que son recepcionados en forma visual para trabajar en la mina, en condiciones de frío y altura que conspiran contra buenas condiciones de trabajo. Incluso el método de explotación minera que conserva la filosofía del lucro capitalista, porque se le da un destino a este tipo ganancias que engrosan las cuentas de la especulación financiera. Incluso, se omite aprovechar la novedad que surge de la explotación en materia científica, puesto que si se descubren nuevos minerales son remitidos a la sede de Barrick Gold para se estudiados».

-¿Que iniciativas piensan tomar frente a lo descripto?

-«Seguiremos con los reclamos en todos los foros, las comisiones respectivas y los ministerios, para que se escuche al pueblos de San juan y avanzar en una discusión para que se terminen estos modelos de explotación minera. Porque el país no se beneficia y la población tampoco. Fortaleceremos la demanda judicial de la «Asamblea Jáchal no se toca» e instar al ministerio de Ambiente para que informen dentro del marco de ley del derecho a la información, que sucede con los glaciares. Esta lucha desde sus inicios es dispar, porque la Justicia Federal en San Juan, la policía minera y el gobierno provincial parece que responden a los intereses de la transnacional Barrick, que distan mucho de los que llevan adelante los vecinos del lugar, por la contaminación que se hace y de como amenaza la vida todo ser viviente que se encuentra en ese ámbito. Tampoco se escucha ninguna demanda de la representación sindical por la inseguridad de los trabajadores. La cadena de complicidades vía el silencio es muy grande».