El Gobierno puso en marcha este martes el programa «Argentina Recicla» con el fin de promover la inclusión social y laboral de los trabajadores que se desempeñan en la recolección y recuperación de residuos sólidos urbano.
La creación del Programa Nacional de Recuperación, Reciclado y Servicios Ambientales «Argentina Recicla» se plasmó a través de la resolución 642/2021 del Ministerio de Desarrollo Nacional.
El funcionamiento del programa quedó a cargo del secretario de Economía Social de la cartera, Emilio Pérsico.
Según se indica el texto del decreto publicado en el Boletín Oficial, el programa tiene como objetivo «promover la implementación de sistemas integrados de gestión de residuos sólidos urbanos».
Esa finalidad se llevará a cabo «desde una perspectiva de inclusión social y con la participación de distintos actores sociales e institucionales a nivel local con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y productivas de los Recuperadores Urbanos (Cartoneros, recolectores y recicladores) en todo el territorio nacional».
En ese aspecto, se promoverá «la recuperación, el reciclado y la disminución del enterramiento de residuos sólidos urbanos».
Según plantearon las organizaciones sociales que impulsaron la medida, El Reciclado con Inclusión Social, elevado a la categoría de Política Pública Popular, es sin duda la mejor respuesta en el contexto latinoamericano para el tratamiento de los RSU reciclables, ya que significa un ahorro considerable en los costos de los servicios de higiene urbana, en el pasivo ambiental que se genera con el enterramiento y una acertada forma de avanzar en la distribución de derechos sociales postergados.
«Hasta hoy, el enfoque de las políticas públicas hacia el sector ha sido meramente asistencialista o técnicamente erróneo. Se han gastado fortunas en técnicos parasitarios y mediocres, y los esfuerzos de cooperación internacional se pierden en la burocracia. Esto es así porque se ha pretendido invisibilizar a los Recuperadores Urbanos confinándolos a galpones de clasificación y sacándolos de sus rutas tradicionales de recolección, ignorando los fundamentos económicos, culturales y ambientales de la separación en origen y los beneficios de la recolección puerta a puerta», expresaron en su momento, al presentar la iniciativa, desde la CTEP.
Y agregaron: «Estamos ante la posibilidad de implementar sistemas profundamente justicialistas en todo el país, donde el Estado y las organizaciones populares presten a escala municipal y provincial un Servicio Público de Gestión Social para la Recolección Diferenciada socialmente inclusivo y ambientalmente eficiente».
