Jueces de la Cámara Penal apuntaron contra el fiscal regional Matías Merlo: “Es temerario e irresponsable”

“Lo que se está intentando es presionar a la Justicia”, dijo este miércoles, sin titubear, el camarista Gustavo Salvador a Conclusión. El magistrado se hizo eco de la disputa pública que se generó a partir de los dichos del fiscal Regional de Rosario, Matías Merlo, quien días atrás consideró que si los jueces de segunda instancia envían al fuero federal las causas de microtráfico, aumentarán los homicidios y balaceras y los magistrados “deberán hacerse cargo de las consecuencias”.

“Si nos quitan la herramienta de investigar el microtráfico, nos están quitando un instrumento esencial para bajar los hechos de violencia altamente lesivos: homicidios, heridos de arma de fuego y balaceras”, sostuvo el jefe de los fiscales de Rosario en declaraciones periodísticas.

Su mensaje estuvo dirigido a los jueces de la Cámara Penal luego de que dictaran resoluciones para derivar causas de búnkers a la Justicia Federal. “Quienes dicten esas resoluciones deberán hacerse cargo de las consecuencias”, dijo Merlo.

Los integrantes de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario difundieron un comunicado en el que manifiestan el «más enérgico rechazo a las recientes declaraciones del Fiscal Regional, doctor Matías Merlo”. “Consideramos que sus expresiones no solo resultan desajustadas y agraviantes, sino que constituyen un intento de coacción institucional que busca trasladar, hacia el ámbito jurisdiccional, responsabilidades propias del órgano acusador que él mismo representa”.

Los camaristas señalaron también que “resulta temerario y carente de rigor jurídico pretender vincular resoluciones sobre competencia judicial con la responsabilidad funcional en la producción de futuros hechos de violencia o balaceras”.

El eje de la disputa son las causas denominadas de microtráfico. A fines de 2023, la Legislatura provincial adhirió a la ley nacional que permite que la Justicia provincial investigue pequeñas causas de comercio de droga, mientras que la Federal se encargue de investigaciones más relevantes sobre narcotráfico.

Para el gobierno de Maximiliano Pullaro, que trabaja en tándem con el Ministerio Público de la Acusación (MPA), allí radica la clave del “éxito” de la política de seguridad pública de la gestión de Unidos. Por eso, ante una serie de resoluciones que envía casos locales a la Justicia Federal, Merlo salió a decir lo que dijo, y a responsabilizar a los jueces de un hipotético crecimiento de homicidios y balaceras.

“Dicha afirmación constituye una falacia de causalidad que intenta utilizar el legítimo temor de la sociedad ante la inseguridad como una herramienta de presión contra los jueces. Más aún cuando los mismos jueces hemos sido víctimas de semejantes hechos violentos; pero por llevar a cabo nuestra labor jurisdiccional en sonados casos contra el accionar de organizaciones narcocriminales”, dijeron los camaristas en el comunicado .

Además, explicaron con dato que el planteo de Merlo es infundado. “En esta Cámara se recibieron entre los años 2024 a lo que va del 2026, un total de 358 casos de recursos relacionados con el fenómeno del Microtráfico y solo 7 de ellos se han remitido a la Justicia Federal para su prosecución por imperio de las normas de competencia y a pedido de parte”.

En diálogo con Conclusión, el camarista Salvador dijo este miércoles: “Creo que es temerario, como mínimo, e irresponsable desde el punto de vista funcional, que un fiscal regional, a cargo de toda la unidad fiscal de la segunda circunscripción de la provincia de Santa Fe, con un desconocimiento total de la situación, plantee la posibilidad de que ante determinadas resoluciones de los camaristas penales de la ciudad de Rosario, particularmente, ello acarree una consecuencia como es el incremento de la inseguridad pública, el incremento de los homicidios y de las balaceras”.

El juez agregó que “si de 357 causas solamente en 6 la Cámara penal declaró su incompetencia, es porque por las características del caso, por la cantidad de personas involucradas, por las figuras delictuales, por las cuestiones propias de cada una de las causas, se considera narcotráfico a gran escala y no microtráfico, que es para lo que la justicia provincial sí se declara competente”.

En esa línea, ratificó que “bajo ningún punto de vista la justicia provincial está mirando para otro lado. Bajo ningún punto de vista la justicia provincial se desentiende de la problemática de la ciudad de Rosario”.

Sobre los dichos de Merlo, Salvador respondió: “Grafíquese cuál es la opinión que puede llegar a tener un ciudadano común sobre la situación y cuánto eso incide en el ánimo de un magistrado que tiene que resolver, que lo hagan responsable de un incremento de homicidios o balaceras. No hay ninguna duda de que lo que se está intentando es presionar a la Justicia, afectando su independencia”.