Al día siguiente en el que el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido negara haber enviado fondos a Milagro Sala u otras organizaciones civiles, el fiscal de Estado de Jujuy, Mariano Miranda, presentó una denuncia contra él y otros cuatro ex funcionarios por “participación necesaria del fraude a la administración pública”.

Más precisamente, la acusación refiere a una «posible participación de estos funcionarios públicos, quienes a través de omisiones funcionales en sus deberes de control de gestión y, en algunos casos, a través de conductas comisivas, en la autorización de transferencias de fondos estatales, efectuaron un aporte necesario sin el cual no hubiese sido posible el fraude a la administración pública», según se especifica en el escrito presentado.

Los acontecimientos que se denuncian tuvieron lugar en la provincia de Jujuy, estando relacionados con la Cooperativa Pibes Villeros, de la cual dos de sus tres integrantes de cabecera estarían relacionados directamente con Milagro Sala.

Según se denunció ante la justicia, los integrantes de dicha cooperativa conformaban una asociación ilícita, cuyo objetivo era defraudar a la administración pública, encauzando ilícitamente fondos obtenidos gracias al “aporte omisivo y comisivo de los mentados funcionarios”.

Los demás funcionarios implicados son Roberto Baratta, ex Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal; Francisco López, ex Secretario de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; Germán Nivello, ex Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda dependiente del Ministerio de Planificación; y Gustavo Carrizo, ex Coordinador de Planes Nacionales y Viviendas Sociales de la Unidad Ejecutora Provincial de la Provincia de Jujuy.

Puntualmente, la denuncia en contra de ellos es debido a que, según indica el texto, «teniendo deberes de control fiscalización facilitaron, a través de su obrar omisivo, el direccionamiento de fondos a las Cooperativas mencionadas, pese a las irregularidades que surgen manifiestamente de los expediente que surgen como prueba».

«Es por ello que sus conductas, quedan encuadradas en la figura de la participación necesaria del fraude a la administración pública. Esto, sin perjuicio de que, en el caso de los funcionarios públicos, sus actos se enmarquen además, en el tipo penal del Incumplimiento de los Deberes de Funcionarios Públicos», concluye la denuncia, cuyos hechos tuvieron lugares en el marco del Programa Nacional en el que se construyeron viviendas entre los años 2013 y 2015. Todas las obras marcadas en el convenio fueron terminadas, pero, según se denuncia, «se acordaron financiamiento adicionales para garantizar la correcta terminación de las obras por montos que en total ascienden a más de 149.000.000 de pesos, y cuando menos se pagaron 86.000.000 de pesos».

Al respecto, Julio De Vido aseguró que “el Estado Nacional nunca contrató ni pagó obras a ninguna organización civil ni envió fondos a Milagro Sala», y que “los fondos públicos nacionales, se enviaban a las provincias y los ejecutaban cada una de ellas, descentralizadamente. Los pedidos de fondos (para obra y redeterminaciones si correspondían) los tramitaba y justificaba Jujuy, quien rendía cuentas y certificaba la ejecución y aplicación del 100% de los fondos”