Jujuy: denuncian detenciones arbitrarias y persecución a militantes sociales
Este martes, la policía irrumpió en la casa de dos militantes piqueteros y los detuvieron por haber participado en movilizaciones. Las organizaciones sociales denuncian un "accionar represivo", del gobierno de Gerardo Morales,
Trascendió que también pesa una orden de detención contra Verónica Urzagasti, dirigente del Movimiento Argentina Rebelde (MAR), pero su abogada, Paola Sanabria, confirmó que la orden no se había efectivizado hasta el cierre de esta edición.
Diversas organizaciones sociales y políticas hicieron público su repudio por la detención de dos militantes de organizaciones piqueteras de Jujuy.
Después de varias horas de ignorarse su paradero tras su detención, los dirigentes Sebastián Copello, del Polo Obrero, y Juan Manuel Chorolque, del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)-12 de Abril, fueron trasladados este martes por la noche a la unidad penitenciaria del barrio Alto Comedero. También había una orden de detención para Verónica Urzagasti, dirigente del Movimiento Argentina Rebelde (MAR), pero hasta el momento no fue detenida.
De acuerdo a las informaciones proporcionadas por los compañeros de los detenidos, efectivos de la policía de Jujuy irrumpieron en los domicilios de los militantes en horas de la noche. En tanto, este miércoles, cuando se dirigía a una conferencia de prensa citada para denunciar la persecución política, Jessica Bustos, militante de MAR fue demorada por la policía y advertida de que si la veían en otra movilización quedaría detenida.
#AHORA | Denuncian criminalización de la protesta social en Jujuy, luego de que la policía detuviera a tres militantes de los espacios MAR, MTR 12 de Abril y el Polo Obrero. La última detención se dio cuando se dirigían a dar una conferencia para pedir la liberación de los otros. pic.twitter.com/WFoPleLlqd
— Conclusión (@ConclusionRos) April 7, 2022
Desde las organizaciones detallaron que «la acusación es haber participado de medidas de luchas del movimiento piquetero, todas las cuales se desarrollaron con miles de participantes en un cuadro de aumento de la miseria y el hambre en la provincia y el país.
Desde la Utep (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) de Jujuy, repudiaron «el accionar represivo que viene llevando adelante el gobierno de Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, quien, frente a los reclamos justos por mayor presupuesto en trabajo, educación y salud, busca hostigar y disciplinar a todo el pueblo jujeño».
? Ahora en el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy junto a organizaciones políticas, sindicales, piqueteras y de DD.HH. exigiendo por la libertad YA de @sebacopello del Polo Obrero; Juan Chorolque del MTR 12 de Abril y Verónica Urzagaste del MAR. #NoMasPresosPorLuchar pic.twitter.com/uVyPETV8s4
— Cristina Foffani (@CrisFoffani) April 7, 2022
Desde el Espacio Memoria, Verdad y Justicia de Jujuy, que nuclea a organizaciones sociales, gremiales y políticas emitieron un comunicado rechazando las detenciones.
«Se trata de un nuevo salto en la política de persecución del gobierno de Jujuy, que ya viene de detener 15 compañeros por un reclamo de las organizaciones de desocupados, compañeros que fueron liberados luego de una extensa movilización nacional. Nuevamente el gobierno de Morales, utiliza el sistema inconstitucional de la fiscalía de Estado de Jujuy para criminalizar la protesta y ejercer el terror contra las personas que se movilizan por sus reivindicaciones en la provincial. El fiscal Funes sigue haciendo el trabajo sucio, ordenando allanamientos, intervención telefónica y detenciones de los compañeros. La acusación es solo por el artículo 194 del Código Penal y resistencia a la autoridad por no acatar la orden de desalojo», detallan en el texto.
En ese sentido, remarcaron que se trata de «una criminalización de cuatro movilizaciones pacíficas». «Va en línea con una ofensiva política en todo el país contra el movimiento piquetero y de criminalización de la protesta social, que apunta a garantizar el plan de ajuste en el marco de una crisis social que se profundiza».
Según informa el diario Página 12, el fiscal Diego Funes imputó a los detenidos por los delitos de “entorpecimiento de transportes y servicios” y “desobediencia a la autoridad“. En la acusación sostuvo que “los imputados deberán ser alojados en calidad de detenidos comunicados en la dependencia que asigne el departamento judicial de la Policia de la provincia”, lo que no sucedió, ya que después de casi cuatro horas las abogadas defensoras pudieron saber dónde se encontraban los dirigentes.
La abogada Valeria Medina, defensora de Copello, contó que se enteró «por terceros de la detención de su defendido. «El oficio dice una cosa y se efectiviza de otra manera. Mi defendido estuvo desaparecido por varias horas. Es gravísimo lo que está pasando. Al juez Contravencional Ustárez Carrillo lo recusamos por las declaraciones”, resaltó.
En tanto que la abogada Paola Sanabria, defensora de Chorolque y Urzagasti, informó en declaraciones a ese medio que trabajan en una presentación para pedir el cese de las detenciones. “Hay un doble juzgamiento dado que teníamos una audiencia para el viernes en el Juzgado Contravencional N° 1, y hoy se hizo efectiva una orden de allanamiento y detención por la misma causa en el Juzgado Económico», denunció la abogada, quien añadió que «por el momento no se efectivizó la orden de detención en el caso de Ursagasti”.
Sanabria remarcó que sus representados estuvieron «más de cuatro horas desaparecidos, sin que podamos saber el lugar de alojamiento o la dependencia para el traslado. El procedimiento fue totalmente arbitrario, sin que podamos comunicarnos. A última hora de la noche recién pudimos saber a dónde los llevaban”.