La Comunidad Indígena Tilquiza Pueblo Okloya denunció este lunes un acto de despojo de sus territorios a través del impedimento al paso por un camino ancestral que funciona como ingreso a la Escuela Primaria 329, ubicada a 17 km de San Salvador de Jujuy. Los denunciantes señalan como responsables al terrateniente Daniel Verzini y su empleado Ariel Amaranto.
Según expuso la comunidad en la denuncia, Verzini y Amaranto colocaron una puerta con candado que impide el libre acceso al camino ancestral y dificulta el transporte de mercaderías y víveres indispensables para la subsistencia.
La acción del terrateniente -apuntaron- incumple una orden judicial del juez Jorge Rodolfo Zurueta e impide el paso a un territorio comunitario que está al lado de la Escuela Primaria 329 de Tilquiza. Además, el camino ancestral -indicaron- está reconocido por ley 26.160 -que declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes-.
«El terrateniente Daniel Verzini y su empleado Ariel Amaranto volvieron a colocar candado en el único camino de paso que tienen los integrantes de la mencionada Comunidad, siendo de esta manera afectados sus derechos constitucionales, DDHH y territoriales, principalmente niños y ancianos con dificultades y problemas de salud», advirtieron este lunes los miembros del pueblo okloya a través de un comunicado difundido a la prensa.
Desde la Comunidad destacaron que el conflicto no es nuevo, sino que registra varios antecedentes en la Justicia. El pasado 15 de julio, por ejemplo, se presentó una denuncia de similares características. Asimismo, los integrantes del pueblo okloya también denunciaron en múltiples ocasiones amenazas con armas de fuego.
«Además existe una medida cautelar de no innovar -Expte B-246.589- que incumplen permanentemente Daniel Verzini y su empleado Ariel Amaranto, por el que pesan múltiples denuncias por amenazas permanentes con arma de fuego contra miembros de la comunidad; este personaje violento cuenta con antecedentes desde el 2010, cuando amenazó con de muerte con un arma a la abogada Marcela Arjona y la escribana Claudia Yurquina», repasaron en el comunicado.
El peor episodio -relataron- se dio en 2018, cuando -siempre según la comunidad- Amaranto efectuó disparos contra el cacique del pueblo Okloya. Después del hecho se secuestraron armas, balas y un polígono de tiro.
La Comunidad inició la demanda por reconocimiento de la propiedad comunitaria indígena en la sala II de la Cámara Civil y Comercial y cuenta con carpeta técnica que reconoce la posesión y ocupación amparada en la ley nacional 26.160 -vigente por el decreto 805/2021-.
De esta forma, tras dar a conocer la denuncia efectuada, la Comunidad espera «avocamiento y rápido actuar de la Justicia», para que «garantice los derechos adquiridos y reconocidos a favor de los pueblos indígenas a través de tratados internacionales» y «cesen los hechos que violan derechos constitucionales y provocan inseguridad jurídica».
En esa línea, también reclaman que se de participación al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y a la Secretaría de Pueblos Indígenas de la Provincia de Jujuy como organismos del Estado garantes de los derechos de estas poblaciones.
«Basta de atropellos y amenazas, creemos en la Justicia y esperamos que actúe de acuerdo a las circunstancias. No queremos otro Javier Chocobar -miembro del pueblo diaguita asesinado a tiros en 2009 cuando se encontraba con otros comuneros defendiendo su territorio-, hacemos responsables a Ariel Amaranto y Daniel Verzini por cualquier daño físico y psicológico que afecte a los integrantes de la Comunidad Indígena Tilquiza», concluyó el escrito.
