Finalmente, en medio de una tensa situación política y con muchas idas y vueltas, la Corte Suprema de Justicia tomó juramento este martes, en el Consejo de la Magistratura, a tres de los cuatro consejeros en representación del Senado, tras decidir que el legislador oficialista Martín Doñate no puede ocupar la banca por la segunda minoría y que ese lugar le corresponde a la oposición.
El juramento, que la ley estipula debe ser tomado por el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, como trámite final para la asunción de los consejeros, se realizó en el salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales.
Rosatti, también presidente del Consejo, tomó el juramento ante la mirada de los invitados del máximo tribunal y familiares de los flamantes consejeros.
Con este trámite, los senadores oficialistas María Inés Pilatti Vergara y Mariano Recalde y el opositor Eduardo Vischi, se incorporaron al organismo que elige y remueve jueces.
En cuanto a los consejeros, hubo asistencia plena de los representantes de los abogados y jueces, pero no así de los consejeros diputados del Frente de Todos (FdT), Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, en desacuerdo público con la proscripción de Doñate.
En el entorno de los diputados aclararon que Tailhade y Siley decidieron privilegiar la sesión que trataba, a la misma hora, la moratoria previsional con números ajustados para el oficialismo.
El conflicto por la banca de la segunda minoría se inició a principios de 2022 cuando por unanimidad la Corte declaró inconstitucional la Ley 26.080 del año 2006, que había reducido de veinte a trece miembros el número de integrantes del Consejo.
Quince años después de sancionada la ley, la Corte intervenía en un reclamo de inconstitucionalidad interpuesto por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde planteaban que la reforma no respetaba el «equilibrio» de los distintos estamentos.
Para adecuarse al fallo de la Corte, el Consejo convocó a elecciones entre los abogados y jueces y volvió a requerir al Congreso que eligiera sus representantes: dos por la mayoría, uno por la primera minoría o otro por la segunda minoría. Así, el oficialismo dividió su bloque mayoritario en el Senado, creó el sub bloque «Unidad Ciudadana» y reclamó para sí al representante de la segunda minoría, designando como consejero a Martín Doñate.
Como parte de una estrategia cada vez más dura, para disputar el órgano que nombre y remueve jueces, el máximo tribunal tomó un reclamo por esa misma banca que realizó el senador del PRO, Luis Juez, que reclamaba esa banca para él, y falló a favor de Juez argumentando que el oficialismo había incurrido en un «ardid» ilegítimo para conservar tres de los cuatro representantes.
Sin embargo, la Cámara Alta insistió en la postulación de Martín Doñate, por lo que, acto seguido, en la segunda acordada del año, la Corte dispuso por mayoría -con votos de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda- que se tome juramento a Pilatti, Recalde y Vischi, y se deje afuera a Doñate, hasta tanto se resuelva a quién corresponde la representación.
Con diecinueve de sus miembros ya incorporados, en el Consejo aspiran a poder funcionar e, incluso, tomar decisiones llegando al quórum de 13 y dos tercios de los consejeros presentes para aprobar las ternas.
La experiencia hasta aquí indica que será difícil que el Consejo funcione por la complejidad política de un año electoral y el conflicto de poderes en carne viva.
El 16 de julio del año pasado fue la última vez que el Consejo logró aprobar en plenario ternas de jueces para elevar al Poder Ejecutivo, en tres concursos para la justicia Civil, de Familia y de Menores. El marco de acuerdos de aquel momento entre oficialismo y oposición no alcanzó para plantear definiciones sobre los juzgados y cámaras federales vacantes en Comodoro Py y otros puntos del país.
Desde entonces, salvo para las cuestiones administrativas y de infraestructura tecnológica, el Consejo no funciona para su principal cometido: elegir jueces para que los seleccione el Poder Ejecutivo y los refrende el Senado.
