El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destinó 125 millones de pesos para que los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa optimicen los laboratorios de investigación forense, con el objetivo de “mejorar la investigación criminal con base científica”, según informaron este martes fuentes oficiales.
Al respecto, el titular de la cartera, Martín Soria, explicó que “esta decisión se inscribe en la voluntad del Gobierno nacional de garantizar la autonomía de las procuraciones y el funcionamiento del sistema acusatorio».
«Modernizar los laboratorios forenses es fundamental para que las justicias locales puedan perseguir los delitos con mayor eficacia. Las provincias y, en particular, los Ministerios Públicos provinciales han logrado en estos años grandes avances en materia de política criminal, con las exitosas implementaciones de los sistemas acusatorios”, señaló Soria a través de un comunicado.
El funcionario apuntó que “por esa experiencia», en las jurisdicciones locales «saben mejor que nadie que estas herramientas de investigación modernas, como las que brindan estos laboratorios de investigación forense, son fundamentales para el correcto funcionamiento de estos nuevos modelos de administración de justicia».
Asimismo, afirmó que esa iniciativa «permitió unificar protocolos de trabajo» y fortalecer la investigación criminal «a través de la obtención de evidencias científicas, confiables y necesarias para el proceso penal, ayudando a que las investigaciones se puedan desarrollar de manera rápida y con métodos efectivos».
El nuevo acuerdo institucional, que fue rubricado por Soria; el fiscal general de San Juan y presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Eduardo Quattropani; y el procurador General de Mendoza y presidente del Consejo de Procuradores, Alejandro Gullé; establece que el financiamiento será destinado a la renovación y la adquisición de equipos, sistemas e insumos que permitan modernizar los laboratorios y morgues judiciales.
El ministro de Justicia se reunió con el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal, que nuclean a los procuradores y fiscales generales de los Ministerios Públicos de todas las provincias y se llegó a un acuerdo institucional en el que el Gobierno nacional realizará una inversión millonaria para mejorar un aspecto de la investigación criminal.
Desde que asumió el Gobierno de Alberto Fernández, el Ministerio de Justicia invirtió más de $200 millones en este programa, según consignaron mediante un comunicado.
El convenio de cooperación originario del año 2010 creó la Red de Laboratorios Regionales de Investigación Forense, a través del cual en 11 años se incorporaron 33 laboratorios (19 regionales y 14 satélites) en todo el país, se modernizaron las morgues judiciales y, fundamentalmente, se fortaleció la investigación criminal, ya que instauró una cultura de la investigación penal de base científica antes inexistente.
El convenio establece una agenda de trabajo que incorpora además la perspectiva de género, al comprometer a los consejos a tomar políticas que la transversalicen en los ambientes de trabajo y en las tareas desarrolladas por los Laboratorios Forenses.
En ese punto, el ministro definió a la Red de Laboratorios Regionales como «una verdadera política de Estado con perspectiva federal» que ha permitido «fortalecer la autonomía a los Ministerios Públicos, generando estructuras locales idóneas y garantizando que las Procuraciones de nuestro país no tengan que seguir acudiendo a los laboratorios, mayoritariamente privados, de la Capital Federal».
Además, participaron del encuentro el secretario de Justicia de la Nación, Juan Martín Mena; Cecilia Goyeneche, procuradora adjunta de la provincia de Entre Ríos; Jorge Crespo, procurador general de Río Negro; Luis De la Rúa, fiscal general de Santiago del Estero; Jorge Miquelarena, procurador general de Chubut; Jorge Canteros, procurador general de Chaco; y Jorge Vallejos, fiscal general de La Rioja.
