El gobierno provincial confía que «antes de fin año» concluya el proceso de expropiación del ex centro clandestino de detención La Calamita, en las afueras de Granadero Baigorria. En tanto, el caso de la Quinta de Funes maneja otros tiempos y, como «los plazos son bastante lentos», aseguran desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, que además aguardan que la ley correspondiente se materialice el año que viene. Para la puesta en marcha de espacios de memoria dentro de los predios, tal como lo contempla lo sancionado por la Legislatura, el titular del área, Ramón Verón, instó a intervenir a «varios actores, el gobierno local, la comunidad, y eventualmente la Provincia».
La expropiación de La Calamita se sancionó como ley, luego de haber perdido ya estado parlamentario en 2014. Ante la escasa iniciativa legislativa, la agrupación local Documenta Baigorria se movilizó, y a mediados del pasado mes de marzo consiguió el compromiso del propio gobernador Miguel Lifschitz. «Vamos a poner en marcha de inmediato el proceso de expropiación del predio La Calamita para destinarlo a un sitio de Memoria», aseguró el mandatario provincial hace cinco meses. En esa misma ocasión también resolvió pedirle al Senado que apruebe de manera extraordinaria la expropiación de la finca ubicada en Ruta 9 y diagonal San José, en Funes. Unas semanas después, la Cámara Alta avaló su pedido y sancionó la ley.
Pero ahora corre el tiempo y es el Ejecutivo el que tiene que instrumentar las herramientas para concretar ambas expropiaciones. Como el proceso de La Calamita comenzó antes, el centro baigorrense tiene prioridad. Según Verón, el expediente se encuentra «bastante avanzando». «Está en el área de Catastro con todas las valuaciones, por situaciones internas del propio predio», explicó el funcionario. Resulta que «hay gente viviendo en el inmueble, no sólo los cuidadores. Lo que ocurre allí es que se hizo una suerte de subalquiler de manera precaria, una situación que escapa a la expropiación en sí».
Verón se reunió con el gabinete de Baigorria, que conduce el intendente Adrián Maglia. Producto de los encuentros, el Ejecutivo local se comprometió a efectuar un censo, «un testeo de la población» que vive de manera irregular dentro de la finca. La Provincia apuesta a que «la situación social se remedie de la mejor manera», incluso con la participación de la cartera de Desarrollo Social «para la reubicación». Pero para cumplir con los plazos y no perder otra chance histórica, se precisa resolver el caso antes de fin de año.
En tanto, en lo que respecta al sitio de Memoria en el Jardín de la Provincia, el subsecretario también se reunió con la intendencia del Pro, que ya acumula una anécdota nada feliz sobre la Quinta, cuando el 24 de marzo, mientras se señalizaba el ex centro clandestino, el secretario de Gobierno, Ezequiel Fernández de Salvi, dijo que el reconocimiento serviría para atraer «turismo». «Tuvimos charlas con el gobierno local para ponernos de acuerdo en la idea posterior a la expropiación, pero hay un plano de coincidencias bastante importantes en que ambos tienen que ser espacios de memoria, después será la comunidad la que determinará qué utilidad le van a dar», puntualizó Verón.
Es que sobre ese punto, Funes tiene una situación particular distinta, porque también está contemplada la construcción de una escuela pública. Al respecto, Verón dijo: «Lo conversamos y no creo que el municipio esté en condiciones de realizar una escuela, es una erogación muy importante. El primer paso será la expropiación, después en los proyectos tanto de La Calamita como la Quinta de Funes deberían intervenir varios actores, el gobierno local, la comunidad, eventualmente la Provincia. Es una definición que creo se va a ir tomando con el tiempo en la medida en que se concrete la expropiación. Va a depender de cómo se mueva la comunidad y los actores interesados para que se haga lo más pronto posible», concluyó.
Foto: Gobierno de Santa Fe
