Una decisión de la Corte Suprema de la Nación es leída en estos momentos como una movida política a favor de la coalición opositora al gobierno y más concretamente, del macrismo. Es que este miércoles, el máximo tribunal declaró nulo el decreto parlamentario de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa que designó a Martin Doñate y Guillermo Snopek como integrantes del Consejo de la Magistratura titular y suplente, respectivamente.

Con firma de tres de los cuatro integrantes del diezmado tribunal supremo, no sólo fue desplazado un senador oficialista de su banca en el Consejo de la Magistratura, diez días antes de que terminara su mandato, sino que le dieron su lugar a Luis Juez, con pertenencia política al PRO. Y además, se despacharon con una serie de acusaciones contra la presidencia del Senado de la Nación, ejercida por Cristina Fernández, acusando de que se había perpetrado un «ardid» para que Doñate ocupara el lugar en el Consejo de la Magistratura, a pesar de que fue el propio Horacio Rosatti quien, en su momento, le tomó juramento en su cuestionada doble función de Presidente de la Corte y Presidente del Consejo de la Magistratura.

Por su parte, desde el Senado argumentaron que hay un conflicto de poderes, porque se trata de una intervención deliberada de la Corte Suprema en decisiones políticas para beneficiar a la oposición. El ministro de Justicia, Martín Soria, calificó a los supremos de garantes de la impunidad del macrismo y dijo que eran la punta de lanza para perseguir al peronismo.

Disputa de poder

El Consejo de la Magistratura es el órgano encargada de seleccionar y sancionar a los jueces y juezas del país, por lo cual es un claro lugar de disputa de poder, sobre todo, en épocas en que se ha profundizado la judicialización de lo político.

Tras las elecciones de medio término, la Corte Suprema anunció que modificaría la composición del Consejo de la Magistratura. El pasado 16 de diciembre Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz declararon inconstitucional la composición del Consejo.y ordenaron llevar la composición de 13 a 20 consejeros. El dato fundamental fue que, en el nuevo esquema, el presidente de la Corte –Rosatti– empezó a desempeñarse como titular del Consejo de la Magistratura.

Entonces, para alcanzar los 20 miembros, el Senado debió designar un nuevo representante. Ya estaban Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara, por el Frente de Todos, y Silvia Giacoppo, por la Unión Cívica Radical (UCR). La discusión pasaba por quién era la segunda minoría. Así, el PRO reclamó la banca y anució que sería ocupada por Luis Juez. Sin embargo, antes de resolver, el Frente de Todos anunció que funcionaría como un interbloque compuesto por un bloque mayoritario, (Frente Nacionla y Popular) y otro minoritario, (Unidad Ciudadana) . Como Unidad Ciudadana tenía cinco senadores más que el Frente PRO, se quedó con la banca de la segunda minoría.

Esa fue la estrategia que aplicó el FdT y Cristina Fernández le comunicó al Consejo que el lugar sería ocupado por Doñate. Esto no le cayó muy simpático a Juez, que llevó el tema a la Justicia y que debió recorrer diversas instancias porque los fallos le eran adversos. Hasta que llego a la Corte Suprema, donde el fallo salió justo como él  quería. Los supremos determinaron que la división del interbloque había sido posterior a que se notificara el fallo, por lo que no era válida. La postura de las instancias anteriores había sido decir que el juego de las mayorías y minorías era un tema de la política. Lo mismo que habían dicho cuando en 2017 el macrismo –con el acuerdo de sectores variopintos– consiguió sacarle la banca al kirchnerismo y sentar a Pablo Tonelli en el Consejo de la Magistratura.

«Una corte garante de la impunidad macrista»

La lectura que se hace desde el Gobierno es que la Corte intervino y dijo como debe resolver sus controversias otro poder del Estado, y se denuncia como un «conflicto de poderes».

Además, el fallo firmado por Maqueda, Rosatti y Rosenkrantz estuvo plagado de «indirectas» hacia la presidenta del Senado, achacándole que que desconocía “el principio de buena fe, cardinal de la relaciones jurídicas”, que el proceso de designación de Doñate había sido “manipulativo” y que desnaturalizaba el “fin constitucional de representación pluralista procurado por el constituyente y el legislador”. También la acusaron directamente de haber propiciado un engaño para quedarse con el lugar. «La realización de acciones que, con apariencia de legalidad, procuran la instrumentación de un artificio o una artimaña para simular un hecho falso o disimular uno verdadero con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo recibe un enfático reproche de múltiples normas del ordenamiento jurídico argentino. Tal reproche se acentúa cuando el ardid o la manipulación procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso, con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático”.

La respuesta del ministro Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, no se hizo esperar. «Es el fallo de una Corte partidizada. Primero violaron la constitución atribuyéndose facultades legislativas para revivir una ley derogada hace quince años y así poder controlar el Consejo de la Magistratura. Ahora, a pedido de la oposición y para garantizarse junto a ellos la mayoría en ese organismo, redoblan el avance sobre el Congreso y se meten al recinto del Senado para definir la conformación de cada bloque legislativo, violando el artículo 66 de la Constitución”, se quejó Soria en una entrevista con el diario Página 12. Y arremetió; «Es una Corte garante de la impunidad macrista y la punta de lanza de la persecución al peronismo»

Inaplicable

“El fallo es inaplicable porque la Corte no puede decidir ni intervenir en la conformación de los bloques dentro del Senado”, respondieron desde el interbloque del FdT en la Cámara alta. “Por otra parte, el juez Rosatti no puede fallar en un tema en el cual es juez y parte ya que él mismo preside el Consejo de la Magistratura”, añadieron y convocaron a una conferencia de prensa para el mediodía de este miércoles. Héctor Recalde, elegido para representar a los abogados en el Consejo, deslizó en una entrevista con Radio Nacional que se podría pedir el juicio político a los tres jueces supremos que firmaron la resolución.