La Corte Suprema de Justicia definirá hoy qué índice debe aplicar el Gobierno para actualizar los haberes de los jubilados que ganaron un juicio contra el Estado por ese motivo.

El máximo tribunal argentino se inclinaba por apoyar el reclamo de un trabajador retirado que pide la implementación del sistema que existía antes de que se sancionara la denominada Reparación Histórica para ajustar el monto que debe cobrar mensualmente.

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Anteriormente, para calcular esos aumentos se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC), pero la Anses comenzó a utilizar desde hace un tiempo el indicador llamado Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

La causa que llegó hasta la Corte Suprema se inició a partir del reclamo de Lucio Orlando Blanco, que se jubiló en el 2003 y comenzó una disputa legal con el Estado por la actualización de sus haberes.

El hombre ganó aquel juicio en su momento, pero ahora se discute qué índice debe aplicar el Gobierno para hacer efectivo el pago de los incrementos.

El presidente de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, y secretario de Previsión Social de la CTA, Marcos Wolman, señaló a Conclusión que las expectativas de los abuelos están puestas en ese fallo, «por la importancia que tiene para los jubilados y pensionados», como también para «los beneficiarios de la seguridad social».

Según Wolaman, para entender que sucede hay que «tener en cuenta que el Estado Nacional, reconoció que la creación del programa nacional de Reparación Histórica para jubilados y pensionados, las remuneraciones anteriores al 2009 estaban mal actualizadas, y para solucionar ello propuso que se aplique el índice Ripte».

Y además, el actor «no adhirió al programa de Reparación Histórica ni suscribió el acuerdo transaccional que ella reglamenta”.

Wolman fue preciso sobre cuales son «las carencias para alimentarse, vestirse y curarse que tienen los abuelos», al referir que la canasta básica de un jubildado excede «los 26 mil pesos», es «indignante pensar que muchos de ellos cobran solo 9 mil pesos».

El referente de los jubilados recalcó además, que “la situación de los jubilados se va agudizando cada vez más porque el memorándum de entendimiento firmado con el FMI pone en evidencia una situación que se viene dando en nuestro país y que ahora va a atentar directo contra los derechos adquiridos”.

Lo cierto es que la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social falló a favor de Blanco y ordenó que se utilice el sistema ISBIC, pero la Anses apeló esa decisión y advirtió que está en riesgo la sustentabilidad del organismo previsional.

Los camaristas, en tanto, consideraron que usar el Ripte para este tipo de casos «vulnera la garantía constitucional del derecho adquirido» del jubilado, ya que ese índice comenzó a funcionar mucho después de que se iniciara la denuncia y no se podría implementar de manera retroactiva.

Según sostiene el abogado de Blanco, Gabriel Greizerstein, su defendido se vería mucho más favorecido si se aplica el primero de esos métodos para calcular el incremento de sus haberes, ya que cobraría el 59 por ciento de su salario como trabajador activo, mientras que con el otro mecanismo pasaría a recibir el 46 por ciento.

Si bien la Corte emitirá un fallo que afectará solamente a este caso en particular, el texto sentará un precedente del que se podrán acoger otros 150 mil jubilados que están en una situación similar.

En tanto, bajo el lema «Con los jubilados no», distintos sectores políticos y sindicales se concentrarán frente al Palacio de Tribunales, de esta capital, para reclamarle a la Corte un fallo favorable para el sector.

«El sindicato de Camioneros va a participar con miles de trabajadores el día 18 de diciembre a la Corte Suprema acompañando el reclamo legítimo de miles y miles de jubilados para que vuelvan a tener los derechos que este gobierno les está sacando», adelantó el dirigente Pablo Moyano.