La justicia de Estados Unidos falló nuevamente contra Argentina y a favor de un fondo buitre por la causa contra la expropiación de la petrolera YPF, iniciada por el fondo de inversión de origen inglés Burford, que exige una compensación que ronda los u$s16 mil millones. Apenas conocida la noticia, el Gobierno confirmó publicamente que apelará la decisión de la jueza Loreta Preska, que sucede al fallecido Thomas Griesa, en el tribunal del Distrito Sur de Manhattan.
La apelación, resuelta por la administración de Alberto Fernández de recurrir la resolución será presentada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLT, que representa a la Argentina.
El gobierno argentino apelará inmediatamente el fallo de la jueza Loretta Preska. El presidente @alferdez analizó la cuestión con la Procuración del Tesoro. Seguiremos defendiendo la soberanía energética y nuestra empresa estatal YPF frente a los fondos buitres.
— Gabriela Cerruti (@gabicerru) September 8, 2023
Aunque la jueza Preska no fijó una cifra, su resolución acepta como adecuado el esquema de compensación económica propuesta por la querella, el estudio Burford, que cotiza en la Bolsa de Londres, uno de los denominados fondos buitre por el tipo de operatoria que realiza.: comprar juicios, negociar y litar durante años tras los beneficios económicos.
La jueza de Nueva York, que sucede al tristemente celébre Thomas Griesa, magistrado que falló repetidamente contra Argentina en diversas demandas de bonistas y fondos buitres, y que ya había emitido un fallo contra el país en marzo pasado, escuchó durante tres días del mes pasado escuchó los argumentos de ambas partes para establecer un monto indemnizatorio que en rigor no tiene plazo.
Preska le dio ahora la razón a los buitres. No fijó una cifra precisa de indemnización sino que ordenó a las partes a presentar «una propuesta de sentencia consistente”. Pero se mostró a favor de tres planteos claves de los demandantes: la fecha que se toma como referencia de la toma de control de YPF, la tasa de interés a aplicar y la forma de cáculo del monto de la indemnización.
La indemnización tiene un piso de 4.900 millones de dólares, planteado por Argentina para el caso de que finalmente deba pagar aunque la posición del país es que no se debe abonar nada, y un techo de 16 mil millones, que es lo que piden los buitres.
En tanto, la defensa argentina, a cargo de la Procuración del Tesoro que dirige Carlos Zannini, «el Tribunal debe fijar en cero los intereses de demora debido a la enorme ganancia que recibirán los demandantes en cualquier escenario».
La fecha de expropiación
Una cuestión clave e la fecha en la que Argentina accedió al control de las acciones de la petrolera sujetas a expropiación. Los demandantes la sitúan el 16 de abril de 2012, cuando se envió el proyecto de ley de expropiación al Congreso de la Nación y se emitió un decreto que designó un interventor que desplazó al directorio de YPF. Pero, para el Estado argentino fue el 7 de mayo de 2012, cuando entró en vigor de la Ley de Expropiación 26.741 que facultó al ejecutivo a empezar a ejercer los derechos políticos y económicos de las acciones.
Ahora, Argentina tiene dos instancias de apelación para no pagar: la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Estados Unidos.
El primer paso de la apelación fue confirmada este mediodía por parte del gobierno de Alberto Fernández, que instruyó al estudio jurídico que lo representa para iniciar los trámites y ponerle un freno a la posible sanción.
