La Justicia lleva adelante investigaciones para determinar si están funcionando «granjas de trolls» que a través de las redes sociales buscan «alimentar cierta paranoia con que hay desabastecimiento» de determinados productos en medio de la pandemia de coronavirus.
El procurador general interino, Eduardo Casal, encomendó a los miembros del Ministerio Público a que lleven adelante tareas preliminares para investigar si se están llevando adelante estas «prácticas cartelizadas» o «actividades en redes sociales para infundir el pánico», precisó el fiscal federal Federico Delgado.
Las investigaciones se llevan adelante «tomando información de distintas agencias del Estado y la sociedad civil que se han encargado de denunciar estas prácticas» a partir de los relevamientos en comercios que se realizan desde la semana pasada, explicó el integrante del Ministerio Público.
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En diálogo con Radio 10, Delgado indicó que el artículo 300 del Código Penal «protege a los consumidores y ciudadanos de las prácticas cartelizadas de algunas empresas que juegan con los precios y extraen una plusvalía de ganancia que es muy superior a la del mercado y lo hacen fundamentalmente con prácticas desleales».
El objetivo de la iniciativa de Casal es «detectar si hay algún tipo de práctica que funcione a través de las redes sociales que tiene que ver con alimentar cierta paranoia con que hay de desabastecimiento de por ejemplo alcohol en gel para que todos corran y algunos se aprovechen para aumentar el precio».
«Es chequear si (la decisión de aumentar precios) fue una mera infracción o directamente una actividad orquestada para aprovecharse una posición y obtener de los ciudadanos una ganancia que está anclada en prácticas ilegítimas», añadió.
Delgado remarcó que tratarán de determinar si hay «granjas de trolls» realizando este tipo de maniobras: «No es difícil, pero lleva un poco de tiempo pedir informe para trazar el mapa y ver cuál es la fuente de todo eso».
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Días atrás el Gobierno estableció precios máximos para algunos productos básicos y anunció que habilitara a los intendentes a controlar comercios y avanzar en clausuras y sanciones en caso de que corresponda.
