El Gobierno de Santa Fe finalmente declaró este viernes el Estado de Necesidad Pública «en materia Social, Alimentaria y Sanitaria, de las Contrataciones Públicas, Financiera y de Seguridad». La publicación en el Boletín Oficial de la provincia llega después de una larga contienda legislativa que culminó con la aprobación del proyecto el pasado 31 de marzo.

La ley tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020 y fue promulgada con la firma del gobernador Omar Perotti y el ministro de Gestión Pública, Rubén Michlig.

En el plano social, la normativa crea el Programa de Emergencia Alimentaria, que tendrá a disposición un crédito de 2.500 millones de pesos en las partidas para programas alimentarios.

En la misma línea, el artículo 8 da creación al Programa de Fortalecimiento de Políticas Sanitarias, con la misma herramienta crediticia que el destinado a atender la cuestión alimentaria.

En este punto cabe destacar que este viernes también se publicó en el Boletín Oficial la autorización al Poder Ejecutivo a suscribir préstamos por un monto total de hasta 15.000 millones de pesos, o su equivalente en moneda internacional, para el financiamiento total o parcial de las erogaciones que importe la atención de la pandemia por el COVID-19.

«Dicho endeudamiento podrá ser contraído mediante los mecanismos o instrumentos financieros que el Poder Ejecutivo juzgue más apropiados oportunamente, incluyendo sin carácter limitativo, emisiones de títulos de deuda pública en los mercados de capitales nacionales e internacionales, debiendo en todos los casos asegurar que el producido del financiamiento sea afectado al objeto que se consigna precedentemente», indica el primer artículo de dicha ley.

De igual manera, se creó el Programa Atención Gobiernos Locales – Emergencia COVID-19, que tendrá un fondo de 3.000 millones de pesos para atender necesidades derivadas de los efectos de la pandemia y emergencia sanitaria, social y alimentaria.

Contrataciones y seguridad

Por otra parte, con la declaración de Estado de Necesidad Pública, el Gobierno provincial podrá renegociar contrataciones, reprogramar plazos y rescindir contratos de suministro, obra, locación de servicios y consultoría.

En materia de seguridad, la ley tiene por objeto -dice el texto- «atender y modernizar el sistema policial provincial, a los fines de brindar seguridad a la población, resguardar los bienes públicos y privados, conjurar las acciones violentas, las violencias y las problemáticas criminales; en el marco de los paradigmas de la seguridad democrática». Al mismo tiempo, crea el «Programa de Emergencia en Seguridad».

Para este objetivo, el Estado de Necesidad Pública faculta al ministerio que dirige Marcelo Saín a colocar en disponibilidad al personal policial, «respetando los procedimientos, garantías y limitaciones previstos en las leyes vigentes del personal policial».

En igual sintonía, el artículo 34 señala: «El personal policial puede ser pasado a situación de retiro obligatorio por el Poder Ejecutivo en los supuestos previstos en las leyes vigentes del personal policial».

El proyecto de Necesidad Pública, enviado a la Legislatura santafesina por el gobierno de Omar Perotti el pasado mes de diciembre, se convirtió en ley el último martes luego de ser aprobado por la Cámara de Diputados de la provincia con 12 votos positivos.

Luego de haberla rechazado el pasado 30 de diciembre –con 30 votos negativos y 11 positivos- la Cámara Baja volvió a tratar el proyecto y lo convirtió en ley con 12 votos positivos, 34 abstenciones y 3 ausencias.