«Le recuerdo al Presidente su obligación de no interferir», dijo el juez ante las presiones del Gobierno en la causa por fentanilo contaminado

 

En medio de una feroz campaña electoral, el Gobierno parece decidido a usar todos los recursos posibles, sin ningún tipo de límite, para sumar votos y mostrar un triunfo contundente en la provincia de Buenos Aires. Y es en ese marco que la tragedia del fentanilo contaminado, que ya suma 96 muertes entodo el país, se convirtió en el nuevo eje. En ese marco, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a pedir la inmediata detención de Ariel García Furfaro, titular de HLB Pharma y amenazó con recusar al juez Ernesto Kreplak, sino lo hace. La respuesta del magistrado fue apelar a las obligaciones constitucionales de un Presidente, en cuanto a división de poderes e independencia del Poder Judicial y pedir respeto por las víctimas y sus familias.

Desde hace varios días el Gobierno busca despegarse del escándalo y de las acusaciones que pesan sobre la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el ministro de Salud, Mario Lugones, por no haber actuado a tiempo para retirar la droga del mercado y no haber actuado con anterioridad, pese que la Anmat sabía de deficiencias en los laboratorios desde noviembre de 2024.

La estrategia, que no puede despegarse de la campaña electoral, ha consistido en vincular al juez Kreplak con el kirchnerismo y golpear sin tregua al juez por ser hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Martín Kreplak, pese a que la propia Patricia Bullrich, tan sólo unos días atrás, había apoyado la labor del magistrado declarando: que habla «permanentemente con é». «Tengo confianza que está haciendo las cosas bien. Si él siente algo se apartará».

Días atrás, en una extensa entrevista con Radio con Vos, Kreplak explicó las razones por las que no se ordenaron detenciones aún.

 “No tengo ningún planteo de las partes acusadoras ni de la fiscalía que me obligue a tomar medidas, mucho menos llamados a indagatoria», remarcó, al tiempo que explicó que «hay una cantidad muy importante e intensa de medidas restrictivas de derechos, como la prohibición de salida del país respecto a los sospechosos».

En ese sentido, el magistrado dio cuenta de que se trata de una investigación muy ardua y extensa, y apuntó que no se pueden tomar medidas «a tontas y a locas». «En una detención se tienen 24 horas para decirle a la persona de qué se la acusa y cuáles son las pruebas. Hay días para resolver su situación procesal y sobre esa base se hace el juicio. pero si uno lo hace mal, lo más probable es que después se anule». Y remarcó: “Nosotros vamos a demostrar que lo podemos hacer, que lo estamos haciendo, con mucho profesionalismo, compromiso y sensibilidad, en primer lugar por el dolor de las víctimas y sus familiares”.

Además informó que se dispuso «la inhibición general de bienes para evitar desapoderamientos, y allanamientos sobre domicilios, con secuestros de dispositivos electrónicos y teléfonos en todos los casos, que se están analizando».

Hasta el momento, hay 25 personas imputadas e investigadas y es posible que el número aumente.

 

La dura acusación del Gobierno

El texto, difundido en las redes sociales de la Vocería Presidencial, no escatima en acusaciones:

• «Ariel García Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas».
• Lo describe como «un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y que de la mano del kirchnerismo pasó de verdulero a empresario farmacéutico multimillonario».
• «No es un dato menor que el Gobernador Axel Kicillof y su Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, son los principales clientes de HLB Pharma».

EL SEÑOR DEL FENTANILO DEBE IR PRESO

Ariel Garcia Furfaro es dueño del laboratorio HLB PHARMA GROUP S.A, fabricante del lote de fentanilo contaminado responsable de la muerte de más de 100 personas. Un hombre vinculado a Lázaro Báez, que estuvo preso por intento de homicidio, y…

— Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 15, 2025

Defensa de la gestión de Anmat y advertencia al juez

Uno de los organismos bajo la lupa en el marco de esta causa, es la  Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), ya que se ha señalado que estaba en conocimiento de las deficiencias de los laboratorios involucrados desde fines de 2024, días antes de que se produjeran los lotes de fentanilo y, sin embargo, el informe sobre las mismas fue presentado en febrero de 2025.

Pese a ello, el Gobierno defendio el accionar de la Anmat, asegurando que el laboratorio no había sido inspeccionado desde el año 2020  y que fue la actual administración la que ordenó la inspección que derivó en la inhabilitación del laboratorio Ramallo, meses antes de la primera muerte.

En el punto más álgido del comunicado, el Ejecutivo apunta directamente contra el juez de la causa: «Actualmente el juez que investiga la causa es Ernesto Kreplak, hermano del Ministro de Salud de Kicillof, principal cliente del laboratorio HLB. Por lo tanto, ante la evidencia contundente, si en los próximos días el juez Kreplak no ordenara la inmediata detención del dueño del laboratorio, Ariel García Furfaro, el Gobierno nacional lo recusará».

Finalmente, el comunicado busca llevar tranquilidad, asegurando que «todas las dosis de fentanilo contaminado fueron retiradas del mercado» gracias al accionar del ministro Mario Lugones, y que el Gobierno irá «hasta las últimas consecuencias para asegurar que el responsable termine tras las rejas».

¿Que respondió el juez?

 El juez federal Ernesto Kreplak, le respondió con dureza al Gobierno tras el comunicado de la Vocería Presidencial.

El magistrado fue contundente en su réplica: «Le recuerdo al Señor Presidente su obligación constitucional de abstenerse de interferir en una causa penal en curso», afirmó.

En su mensaje, Kreplak defendió la investigación que lleva adelante y criticó la postura del Ejecutivo. «Suficientes omisiones y dificultades ha debido superar la investigación hasta ahora como para que, sobre ello, se pretenda politizar un trabajo judicial bien hecho», sostuvo.

El juez cerró su mensaje con un pedido de mesura: «Respeto por las víctimas y las instituciones».