Legalización del vapeo: aseguran que viene de la mano del segundo de Adorni, un ex hombre de Philip Morris
El funcionario trabajó en la firma hasta días antes de asumir al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos.
El Gobierno nacional legalizó la comercialización de vapeadores y habilitó un negocio millonario para la tabacalera Massalin Particulares -filial de Philip Morris- y otros grandes jugadores del sector que venían pugnando por un cambio legislativo en este tema. No obstante, los focos se centraron en un funcionario que habría sido la pieza fundamental para levantar la prohibición.
El secretario de Asuntos Estratétegicos, Ignacio Devitt, es en la práctica el segundo de Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete y aparece apuntado como el articulador de la flamante normativa.
Devitt llegó al cargo hace aproximadamente seis meses, pero venía de trabajar nada menos que como «senior manager external affairs SC de Philip Morris Internacional», puesto que ocupó entre marzo y noviembre de 2025, según informa él mismo en su perfil de Linkedin.
Captura de pantalla: perfil de Linkedin de Ignacio Devitt.
Uno de los mayores anhelos de Philip Morris era destrabar la prohibición del cigarrillo electrónico, que se encontraba vigente desde 2011. Quince años después y con un hombre que estuvo en la firma hasta días antes de asumir en el Gobierno, consiguió la noticia que esperaba.
Diversos medios habían advertido previamente que el principal objetivo de Devitt al frente de la Secretaría de Asuntos Estratégicos era llegar a liberar ese multimillonario negocio ligado al vapeo.
Las tabacaleras y su lobby habían querido filtrar la liberación en el texto de la Ley Bases, al inicio de la gestión de La Libertad Avanza, pero el punto no prosperó. Insistieron posteriormente con un pryoecto presentado por el entonces diputado Ricardo López Murphy, que propuso regular ese negocio.
La habilitación del vapeo finalmente evitó el Poder Legislativo y llegó a través de una resolución que el Ministerio de Salud que conduce Mario Lugones publicó este lunes en el Boletín Oficial.
En ese texto oficial, el Gobierno establece requisitos para el registro, la comercialización y la fiscaliación de vapeadores, tabaco calentado y bolsinas de nicotina.
La Casa Rosada argumenta que se está dejando atrás un sistema de prohibición para pasar a un esquema de control de productos que hasta el momento circulaban en el mercado de forma ilegal.
Con esta habilitación, las tabacaleras lograrán acceder a un negocio multimillonario, que igualmente tendrá como límite el hecho de que no podrán vender productos con saborizantes, identificados como la principal puerta de entrada al consumo en adolescentes.
Captura de pantalla: anexo publicado en el Boletín Oficial junto a la resolución del Ministerio de Salud.
Según el portal especializado Economía Sustentable, la decisión del Gobierno nacional ubica a la Argentina en la lista de más de cien países que han aprobado y permiten la comercialización de los productos sin combustión.
«En mercados donde la regulación ya avanzó, como el de la Unión Europea, las categorías de vapeo y tabaco calentado ya representan más del 40% de los ingresos totales de las compañías líderes. En Argentina, se espera que en los próximos tres años estas categorías alcancen el 15% del share del mercado de nicotina», destacó el mismo sitio respecto al impacto que tendrá la medida sobre las economías de las grandes firmas.
Ese medio también apunta que Massalin Particulares -filial de Philip Morris Internacional- ya desembolsó más de 10.000 millones de dólares en su transición hacia productos «libres de humo».
Las estimaciones apuntan que en el país existen cerca de 1.2 millones de usuarios regulares de dispositivos electrónicos como vapeadores y sistemas de tabaco calentado. Esos consumidores motorizan un negocio -hasta ahora informal- que los cálculos del sector coloca alrededor de los 150 millones de dólares anuales.
Otro punto a tener en cuenta es que, con ese volumen formalizado, el Estado podrá recaudar impuestos a través del IVA, en un contexto atravesado por la caída del consumo y su consecuente impacto en la recaudación por esa vía.
La resolución del Ministerio de Salud