Por Alejandro Maidana
Cuando decíamos que el conflicto suscitado en el seno de una familia patricia de la provincia de Entre Ríos iba a hacer las veces de ariete para impulsar distintos reclamos, no estábamos equivocados. No se trataba puntualmente ni de la figura de Dolores de Etchevehere, ni de la de Juan Grabois, pero sí de un Proyecto que parece haber logrado lo que perseguía: patear el avispero de los negocios espurios de tierras que gozaban hasta semanas atrás de buena salud.
Hoy el apellido Etchevehere recorre los medios de comunicación y no precisamente para impulsar sus acostumbrados lobbies, si bien es preciso destacar que los mismos nunca han cesado. Noviembre será el mes en que una familia acostumbrada a llevarse por delante derechos y voluntades, encontrará a la misma rindiendo cuentas ante la justicia.
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Carlos Ríos, titular del Juzgado de Transición N° 1, citó a declaración indagatoria al exministro de Agroindustria durante la presidencia de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, en el marco de una causa por estafa que se abrió en 2011 a partir de la denuncia presentada por su hermana Dolores Carmen Etchevehere. También fue citada la madre del extitular de dicha cartera, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y otros dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere.
Queda claro que las aguas bajan turbias y agitadas para quiénes buscaron politizar una disputa interna, que los encuentra flojos de papeles. Si bien en un país en donde el rico no pide permiso, y el pobre suele pagar la fiesta de los mismos, la justicia es uno de los tentáculos de un status quo que en muy pocas oportunidades, ha demostrado fisura alguna que pueda dejar desnuda su desprejuiciada voracidad.
Las tierras de la estancia «El Quebracho», que pertenecieron al Frigorífico Santa Elena, en el ojo de la tormenta
¿Qué pasó con las tierras del ex frigorífico? ¿Cuál es la situación jurídica de la Escuela Provincial de Nivel Medio N° 151 Agrotécnica en conflicto con los Etchevehere? ¿Cuáles fueron las condiciones o requisitos básicos exigidos a los sujetos beneficiados con la venta o adjudicación de dichos bienes? Estas pueden ser solo algunas preguntas de la enorme batería, que emerge de movimientos sumamente oscuros que apelaron siempre a la desmemoria y a la protección mediática.
Es preciso destacar que estos inmuebles formaban parte del patrimonio del Frigorífico Regional Santa Elena, que fuera privatizado en el año 1991 resultando adjudicatario el consorcio empresario “EUROMARCHE S.A.” (integrado por el City Bank y el Grupo Huancayo -Frigorífico Rioplatense). Éstos comenzaron a operar la planta en abril de 1991 con 1.400 operarios, cerrando definitivamente en noviembre de 1993, despidiendo a todo el personal, quienes en algunos casos solo percibieron el 50% de sus indemnizaciones legales (pagadas por el gobierno provincial), y que en otros casos no percibieron ni un solo centavo.
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Durante los años subsiguientes, la gestión y enajenación de los bienes del Frigorífico (entre ellos los inmuebles rurales que integraban la estancia «El Quebracho» hoy en disputa) se llevó adelante entre el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos y la Comisión Liquidadora del Frigorífico de Santa Elena. No obstante lo cual, y a pesar del indiscutible interés público que se encontraba involucrado en estas operaciones, nunca se dio a conocer ni se brindó información alguna, ni a los ex trabajadores del frigorífico, ni a la comunidad de Santa Elena en su conjunto, desconociéndose cuál fue el destino de los bienes o las sumas de dinero obtenidas de su venta.
¿Quiénes se beneficiaron con dichas ventas? ¿Cuáles fueron las condiciones de estas operaciones? Precios, plazos, proyectos de inversión, entre otros, todo lo cual constituye la verdadera y auténtica “deuda histórica” con los ex trabajadores del Frigorífico y la sociedad de Santa Elenao, con legítimo derecho de acceder a la totalidad de la información, documentación y archivos públicos vinculados con la enajenación y gestión de la estancia.
Amilcar Genre Bert es senador departamental por el Frente Creer, y con la referencia que emergió luego de una disputa privada/familiar, que de algún modo empoderó a quienes venían reclamando en la más absoluta marginalidad los conflictos de tierras, tomó cartas en el asunto y no dudó en avanzar.
Dado el alto impacto político y social que esta situación implica para nuestra región y para el resto del país, solicito el acompañamiento de mis pares.
“Desconozco las verdaderas causas de las desavenencias existentes entre los herederos Etchevehere respecto de la propiedad identificada como «Establecimiento Casa Nueva», pero entiendo que a los legisladores provinciales nos asiste una responsabilidad mayor e insoslayable de recabar y dar publicidad a toda la información, documentación y archivos públicos existentes respecto de las operaciones en virtud de las cuales se dispuso de los bienes integrantes de la estancia «El Quebracho» como parte del patrimonio del Frigorífico de Santa Elena. Para de este modo poder poner a disposición y consideración de la toda la sociedad de Santa Elena, de la Provincia y de todo el país dicha información en forma completa, veraz, adecuada y oportuna”, indicó en el Proyecto de Comunicación presentado en el Senado de Entre Ríos.
Más allá de las interpretaciones parciales, subjetivas, partidarias y distorsionadas del conflicto, lo que en este caso se advierte con claridad es que la sociedad -ante todo- nos reclama transparencia.
Los fundamentos acercados a la presidencia de la Cámara alta entrerriana fueron diversos, con lo que la necesidad de que sean considerados ha generado muchísima expectativa entre los habitantes de Santa Elena. “Creo asimismo, que mas allá de las interpretaciones parciales, subjetivas, partidarias y distorsionadas del conflicto, lo que en este caso se advierte con claridad es que la sociedad -ante todo- nos reclama “transparencia”, lo que a su vez nos coloca ante una oportunidad inmejorable para contribuir a la creación de una sociedad plenamente transparente y al fortalecimiento de la vida democrática como construcción colectiva”.
Por último, Genre Bert dejó en claro que se necesita del compromiso de todos para poder avanzar en un proyecto esclarecedor. “Por las razones expuestas, y dado el alto impacto político y social que esta situación implica para nuestra región y para el resto del país, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación del presente proyecto de Comunicación”.
