El fiscal federal Jorge Di Lello decidió imputar al presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno por presunta “traición a la Patria” por acuerdos firmados con el Reino Unido en 2016 y pidió que se suspenda el primer vuelo que el 20 de noviembre unirá San Pablo con las Islas Malvinas, con escala en Córdoba.

El proceso de investigación se abrió contra Macri; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui; el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren; el canciller, Jorge Faurie; y todo aquel funcionario y persona que surja involucrado en esta movida que facilita las actividades y negocios de los kelpers que usurpan el territorio argentino.

La imputación contra el Presidente y funcionarios se inició tras una denuncia presentada por la abogada Valeria Laura Carreras, quien ya había presentado acciones judiciales contra el Gobierno en otras causas como el traspaso de datos de la ANSeS al Poder Ejecutivo en 2016.

El fiscal Di Lello, desde la Fiscalía Nacional en lo Criminal Federal Nro. 1, investigará el decreto 602/2019 que fuera publicado el 30 de agosto pasado y que permitió que la aerolínea Latam pueda conectar a San Pablo con nuestras islas. Di Lello solicitó al juez a cargo, Luis Rodríguez, que se suspenda el primer vuelo, pautado para el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración de la Batalla de la Vuelta de Obligado.

“Entiendo que el Poder Ejecutivo no puede seguir avanzando en la ejecución de acuerdos con Gran Bretaña que no cuenten con la aprobación del Congreso y los que ya efectuara deberán ser sujetos a investigación en los términos antes aludidos”, subrayó Di Lello en el escrito en el que imputó también al secretario de Energía Gustavo Lopetegui y el ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren.

En tanto, Carreras pidió una medida cautelar por considerar que se produciría un «daño inminente a los intereses de la Nación» si ese primer vuelo se materializara. “Bajo la inocente habilitación de realizar vuelos desde Brasil hacia Malvinas, se renuncia a los derechos soberanos del espacio aéreo, se renuncia a los derechos de control sobre el transporte aéreo”, señala la demandante. 

La denunciante pidió además que se cite como testigos a los diputados Elisa Carrió y Guillermo Carmona, ambos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.