Memoria Austral: «Las invasiones de escritorio de la Pérfida Albión»

Hay invasiones que llegan con casacas rojas y bayonetas caladas, y otras —más eficaces, más persistentes y más hipócritas— desembarcan sin ruido, envueltas en contratos, empréstitos, directorios y sonrisas diplomáticas. La Argentina conoció ambas. Las de 1806 y 1807, fracasaron porque el pueblo y ejército hizo lo que las falsas élites suelen recordar con incomodidad: resistió. Las otras, en cambio, lograron lo que los cañones no pudieron: organizar una economía dependiente, disciplinar a los sectores dirigentes y convertir a un país formalmente soberano en una pieza funcional del engranaje imperial británico. A esa trama, el revisionismo la llamó “tercera invasión inglesa”. Y a su desenlace de 1955, cuando se derribó por la fuerza el intento de autonomía económica del justicialismo, la nombró “cuarta”.

El punto de inflexión de esa dominación indirecta se ubica en la década de 1930. La crisis de 1929 no corrigió el modelo agroexportador argentino: lo reforzó bajo condiciones más duras de subordinación. La Conferencia de Ottawa de 1932 institucionalizó el sistema de preferencias imperiales, cerrando mercados y reordenando el comercio en favor del Imperio Británico. La Argentina, que dependía de ese vínculo, reaccionó no con autonomía sino con sumisión. El Pacto Roca-Runciman de 1933 fue la expresión más nítida de ese Estatuto Legal del Coloniaje, encargado de: garantizar exportaciones a cambio de resignar control económico. Como señaló Scalabrini Ortiz, la política económica argentina parecía redactarse en Londres más que en Buenos Aires (Scalabrini Ortiz, 1940).

Ese esquema se consolidó con la creación del Banco Central en 1935 bajo influencia británica y con la expansión de capitales extranjeros en sectores estratégicos. La denuncia de Lisandro de la Torre expuso crudamente el sistema: evasión, privilegios y una transferencia constante de riqueza hacia frigoríficos y empresas extranjeras. La Argentina de esos años, como sostuvo Ramos, era una semicolonia: independiente en lo formal, subordinada en lo material (Ramos, 1954). Esa fue la tercera invasión: una ocupación sin tropas, pero con resultados duraderos.

Sin embargo, toda estructura de dependencia genera su propia reacción. La Segunda Guerra Mundial abrió un margen para la industrialización y la intervención estatal. En ese contexto emergió el proceso iniciado en 1943 y consolidado con el peronismo. El justicialismo no fue un accidente ni una improvisación: fue un proyecto de reorganización nacional basado en la independencia económica. Nacionalizaciones, control del comercio exterior, expansión industrial y fortalecimiento del mercado interno no eran medidas aisladas, sino parte de una estrategia coherente.

La nacionalización de los ferrocarriles en 1948 tuvo un valor simbólico y material decisivo: implicaba recuperar la infraestructura que había estructurado el territorio en función de intereses externos. Lo mismo ocurrió con el Banco Central, los servicios públicos y la creación de instrumentos como el IAPI, que permitió redirigir la renta agraria hacia la industria y el desarrollo interno. El país dejaba de ser una economía de enclave para intentar convertirse en una economía integrada. Perón lo sintetizó con claridad: la independencia económica no era un discurso, era una política concreta.

Ese proceso afectó intereses. Internos, porque alteraba el esquema tradicional de acumulación de la oligarquía agroexportadora. Externos, porque golpeaba directamente a capitales británicos que habían dominado sectores clave durante décadas. La relación económica con el Reino Unido, central desde el siglo XIX, comenzaba a resquebrajarse . Y eso no podía ser indiferente para una potencia que, aun en declive, conservaba intereses estratégicos en la región.

Algunos cimbronazos económicos de comienzos de los años cincuenta debilitó al gobierno justicialista, pero no explica por sí sola el desenlace de 1955. El golpe fue el resultado de una convergencia de fuerzas. El bombardeo de Plaza de Mayo del 16 de junio, con cientos de muertos civiles, mostró que no se trataba de una simple disputa política: era una ofensiva decidida a quebrar por la violencia un proyecto de país. La Armada jugó allí un papel central. No como actor secundario, sino como núcleo activo de la conspiración.

Esa centralidad no era casual. La Marina argentina había desarrollado históricamente una cultura institucional más cercana a la tradición británica que al patriotismo. Su alineamiento doctrinario, su composición social y su visión geopolítica la colocaban en una posición particularmente hostil frente al proyecto justicialista. En 1955, esa tradición se tradujo en acción directa: bombardeos, conspiración y articulación con sectores civiles.

Porque el golpe no fue solo militar. Algunos empresarios, dirigentes políticos, comandos civiles, católicos mistongos y medios de prensa conformaron una red de apoyo decisiva. Financiamiento, logística y legitimación social confluyeron en una operación prolongada. En ese entramado también operaron redes informales de sociabilidad —incluyendo ámbitos vinculados a la masonería— que funcionaron como espacios de contacto y coordinación entre sectores dirigentes. No como un poder oculto absoluto, sino como parte de la infraestructura real del poder.

La dimensión internacional, por su parte, no puede ser ignorada ni reducida a una nota al pie. No hay —y probablemente no habrá— un documento que diga “Londres ordenó el derrocamiento de Perón”. Pero esa ausencia de prueba directa no debe confundirse con neutralidad. Lo que sí existe, con suficiente densidad histórica, es un conjunto de indicios convergentes que muestran que el resultado de 1955 fue plenamente funcional a los intereses británicos y que, en distintos planos, esos intereses encontraron canales de expresión y acompañamiento. El Reino Unido había visto erosionados pilares concretos de su presencia económica en la Argentina: la nacionalización de los ferrocarriles, la pérdida de control sobre servicios públicos, la reducción del comercio bilateral en manufacturas, la intervención estatal sobre el comercio exterior y la creciente autonomía financiera implicaban no solo pérdidas económicas, sino una disminución sustantiva de influencia estratégica. La caída de ese modelo abría, en consecuencia, la posibilidad de recomponer posiciones, aunque fuera parcialmente.

Ese “apoyo” británico debe leerse, entonces, en tres dimensiones articuladas. En primer lugar, una dimensión económica objetiva: el desmantelamiento del esquema justicialista permitía reabrir espacios para capitales extranjeros y reinstalar una lógica de inserción internacional más favorable a los viejos circuitos comerciales. No se trataba de restaurar exactamente el mundo de 1930 —eso ya no era posible—, pero sí de reencauzar la economía argentina hacia una mayor apertura y previsibilidad para el capital externo. En segundo lugar, una dimensión diplomática y geopolítica: en el contexto de la posguerra y de la Guerra Fría incipiente, las potencias occidentales privilegiaban gobiernos alineados, previsibles y abiertos al comercio internacional. El peronismo, con su política autónoma, su control estatal de sectores estratégicos y su discurso de independencia económica, generaba incomodidad en esos circuitos. Su caída, en cambio, era leída como una “normalización”. En tercer lugar, una dimensión cultural e ideológica: buena parte de las élites argentinas —civiles y militares— compartían con los centros de poder occidentales una misma concepción del orden económico y social, donde el protagonismo estatal y popular del peronismo aparecía como una anomalía a corregir.

En ese punto, la relación entre sectores internos y externos se vuelve más clara. No hubo necesidad de una intervención directa cuando existía una convergencia de diagnósticos y objetivos. La Marina argentina, por ejemplo, no solo actuó por motivaciones corporativas o ideológicas propias: lo hizo desde una matriz de pensamiento profundamente occidentalista, con vínculos históricos, doctrinarios y simbólicos con la tradición británica. Su hostilidad hacia el justicialismo no era únicamente política; era también la reacción de un sector que veía alterado un orden del que formaba parte. De igual modo, los sectores civiles que participaron del golpe —empresarios, dirigentes políticos, medios de comunicación— no necesitaban instrucciones externas: su programa de “reorganización” coincidía, en lo esencial, con lo que los intereses extranjeros esperaban de la Argentina.

Perón lo expresó desde el exilio con una contundencia que, más allá de su tono, refleja esa estructura: el principal enemigo externo de su proyecto era Inglaterra. No se trata de leer esa afirmación como una denuncia conspirativa lineal, sino como la identificación de un núcleo histórico de poder. Inglaterra había sido, durante más de un siglo, el principal articulador externo de la economía argentina. El peronismo había intentado romper ese vínculo. La reacción, por lo tanto, no podía ser indiferente.

La autodenominada Revolución Libertadora no fue simplemente un cambio de gobierno. Fue la reversión de un modelo. La apertura económica, la reconfiguración del comercio exterior, la desarticulación de instrumentos como el IAPI y la redefinición del rol del Estado marcaron un retorno —no idéntico, pero sí reconocible— a una lógica más cercana a la década de 1930. Pero ese proceso no se limitó a la economía. También implicó una operación sobre la memoria: había que deslegitimar la experiencia peronista, convertir la autonomía en error, la intervención estatal en exceso, la justicia social en demagogia. La restauración no solo debía ser material, sino también cultural.

Y, sin embargo, esa restauración nunca fue completa. La estructura industrial desarrollada durante el peronismo no desapareció; la clase trabajadora organizada tampoco; y la memoria social de esa experiencia sobrevivió a la proscripción. La Argentina quedó, desde entonces, atravesada por una tensión persistente entre dos proyectos: uno orientado a la autonomía y otro a la reinserción subordinada. Ese péndulo, lejos de resolverse, se convirtió en una constante histórica.

Volver sobre la idea de las “invasiones inglesas” permite, precisamente, captar esa continuidad. La tercera invasión —la de los capitales— configuró una estructura de dependencia. La cuarta —la de 1955— intentó restaurarla cuando fue cuestionada. Y en ese proceso, el apoyo británico no aparece como una orden explícita, sino como algo más eficaz: un interés satisfecho, una expectativa cumplida, una afinidad estructural que permitió que actores internos ejecutaran una tarea cuyos beneficios trascendían las fronteras. Porque los imperios, cuando han aprendido a funcionar, ya no necesitan desembarcar: les alcanza con que el orden que los favorece sea defendido desde adentro.