Brecha que duele: las personas que viven en barrios populares mueren once años antes que el resto de la población
Un triángulo de desigualdad entre las condiciones habitacionales, el acceso a la salud y la precariedad laboral que afecta la trayectoria de vida y muerte de las personas que habitan estos espacios aparecen como las causas principales de esta alarmante realidad.
Un estudio del Centro para la Integración Sociourbana (CISUR) reveló que las personas que viven en barrios populares mueren, en promedio, once años antes que el resto de la población argentina.
El dato alarmante se obtuvo al analizar la información demográfica de la población residente en ese tipo de espacios. El trabajo se basó en datos oficiales del Censo Nacional 2022, en registros de defunciones del Ministerio de Salud y en los relevamientos realizados por el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap).
Este análisis permitió identificar enormes diferencias en la composición de la población y la edad promedio de fallecimiento de los barrios populares, comparado con las estadísticas de la población general del país.
La pirámide poblacional argentina correspondiente al 2022 revela, en comparación con las anteriores, que la población del país tiende a llegar a edades más avanzadas.
En ese sentido, aumenta la proporción de adultos mayores, se ensanchan las franjas superiores de la pirámide y las infancias ocupan proporcionalmente menos espacio. Sin embargo, la imagen cambia radicalmente en los barrios populares.
Allí, la base de la pirámide es ancha, indicando una mayor presencia de infancias y población joven que en la media general del país. No obstante, el dato que preocupa es la extremadamente baja presencia de población adulta y adulta mayor: a nivel nacional hay una presencia de 9,1% de personas de 65 a 79 años, mientras que en los barrios populares alcanzan solo el 2,6 %, es decir, 3,5 veces menos.
Asimismo, en las edades más avanzadas la diferencia se amplía: en Argentina hay 2,64% de personas mayores de 80 años, mientras que en los barrios populares son apenas un 0,31 %, lo que equivale a una proporción 8,5 veces menor.
La comparación histórica es contundente: la pirámide de los barrios populares en 2022 se parece más a la del Censo Nacional de 1914, cuando Buenos Aires crecía sobre la base de conventillos hacinados, viviendas precarias sin cloacas ni agua corriente y una urbanización marcada por la desigualdad. Más de un siglo después, esa misma postal se repite en los barrios populares, mostrando que la vejez sigue siendo un privilegio al que pocos acceden.
Referido a la mortalidad de la población, se ha identificado un hallazgo que expresa de manera extrema la situación de desigualdad: mientras la población general del país muere en promedio a los 71 años, en los barrios populares la vida se acorta once años: el promedio de edad de fallecimiento es apenas 60 años.
La diferencia se refleja con nitidez en la distribución de las muertes. En los barrios, casi la mitad de los fallecimientos (45%) ocurre entre los 60 y 79 años. En la población general, en cambio, la mayoría de las muertes llega más tarde: casi un 42% se concentra en mayores de 80 años.
Si bien el informe no establece una relación causal única, señala un triángulo de desigualdad entre las condiciones habitacionales, el acceso a la salud y la precariedad laboral que afecta la trayectoria de vida y muerte de las personas que habitan estos espacios.
Para profundizar sobre esto, en diálogo con Conclusión, Rafael García Lazo, integrante del CISUR y uno de los autores del informe, indicó que «los barrios populares en el país son 6.500 actualmente, y se da la situación de que prácticamente no hay adultos mayores. El promedio de vida en estos espacios se redujo drásticamente, es una situación alarmante».
«Ante un Estado ausente, que incluso quiso disolver el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), se vuelve imperioso generar consciencia en la sociedad a través de los diversos establecimientos, que puedan acercarse, interiorizarse y visibilizar la necesidad de implementar políticas públicas que logran paliar este déficit», remarcó.
«Hay que recalcar que Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio-Urbana, está atrás de todo esto, con partidas que debieran asignarse pero que, sin embargo, se destinan para otras áreas o negocios de Gobierno. No alcanza solo con el aporte privado, hacen falta recursos públicos, pero se elige ajustar a las poblaciones vulnerables, profundizando la desigualdad», agregó.
«Son once años promedio de menos vida para las personas en estos espacios, con derechos básicos que están en riesgo y una calidad de existencia que deteriora el tejido social de los barrios populares, que solo sobreviven», resaltó.
En el actual contexto de ajuste presupuestario, los hallazgos son un llamado para comprometerse y transformar esta situación, para que no se convierta en una sentencia de muerte para millones de argentinos y argentinas. Con inversión sostenida, planificación estatal y acceso a derechos básicos, la brecha de años de vida puede reducirse.