A raíz del incendio producido en un geriátrico del barrio porteño de Belgrano, en donde murieron cuatro ancianos y treinta era la cantidad total de abuelos residentes en el lugar, de los cuales 20 fueron trasladados a centros asistenciales, nuevamente salieron a relucir las irregularidades que se cometen en estos albergues transitorios en donde se alojan personas de la tercera edad.
El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, denunció que no se respetan los estándares internacionales en el cuidado de ancianos tras el incendio registrado en las últimas horas en un edificio del barrio de Belgrano en el que murieron 4 personas.
Semino consideró «inaceptable», dijo ayer en declaraciones al Diario Popular, que una sola persona esté a cargo de 30 residentes y advirtió que «los estándares internacionales indican un personal de sentencia directa cada ocho residentes, cuando hay abuelos semipostrados o postrados».
Semino advirtió además que la falta de controles permite que los geriátricos privados «ajusten costos», con consecuencias como la de la tragedia de la calle Echeverría; mientras que la eximición a las obras sociales y prepagas de cubrir las prestaciones de internación geriátrica como parte del Plan Médico Obligatorio ha hecho pulular los geriátricos clandestinos de bajo costo, algunos verdaderos «morireros».
«Las leyes 661 y 1.003, que rigen la habilitación en geriatría, establecen, conforme a la cantidad de pacientes, mínimos de personal en distintos rubros, desde los médico-sanitario hasta la contención con auxiliares de acompañamiento geriátrico», aseguró Semino.
«Esto varía conforme la situación: a más abuelos postrados necesitamos más cantidad de personal, pero los estándares internacionales indican un personal de asistencia directa cada ocho residentes cuando hay abuelos semipostrados o postrados», dijo.
No obstante, esta irregularidad es, según su experiencia, «lamentablemente recurrente» en los geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires, muchos de los cuales «se clandestinizaron» a partir de la ley que, en 2003, creó el Registro Único y Obligatorio de Establecimientos Residenciales para Adultos Mayores.
«Acá cerca, cinco abuelas se ahogaron en 2002 y eso dio origen a una ley de control de geriátricos en la Ciudad, que se reglamentó tres años después. En aquel momento había 1.000 geriátricos y los que se pudieron adecuar son alrededor de 600: vale decir que quedaron 400 -y no es el caso del que nos estamos refiriendo- clandestinizados y que no tienen ningún tipo de control», concluyó el defensor.
