Este lunes se realiza la cuarta audiencia pública, de las cinco que están previstas, para avanzar en las cosntrucción de un proyecto de Ley de Víctimas del Delito, impulsada por el Observatorio de Víctimas del Delito de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. De las mismas partician numerosos funcionarios de los distintos poderes provinciales, colegios de profesionales de Abogados, Médicos, Psicólogos, Psicólogos Sociales, Trabajadores Sociales, universidades y ámbitos académicos, víctimas, familiares de víctimas y Asociaciones de Víctimas, entre otros.
El diputado provincial Oscar Martínez, coordinador del Observatorio, señaló que la idea de esta ley «consiste en dar respuesta a ese colectivo de miles de santafesinos que están atravesados por el delito en condiciones de víctimas o familiarse de víctimas y que necesitan una protección». «Ese universo de personas que se ven atravesados por la incapacidad del Estado de garantizar seguridad, de terminar con la impunidad o de hacer que aquellos que violan la ley penal cumplan la sanción respectiva», expuso en conferencia de prensa el diputado Martínez.
Martínez señaló que uno de los puntos que se intenta abordar en el proyecto, y que se debate con la presencia del fiscal general Jorge Baclini, de la fiscal regional María Eugenia Iribarren y del titular del Colegio de Magistrados, es la « intención de que la ley no sólo proteja a las víctimas en la participación en proceso penal, porque en Santa Fe las víctimas no pueden participar en el proceso penal cuando el imputado es un menor o en el caso de causas comunes, no participa en la audiencia de sobreseimiento de archivo judicial».
«También se busca que la protección sea desde el punto de vista integral de una justicia reparadora, que aborde tanto los aspectos médicos, como también los aspectos psicológicos y asistenciales. «La idea es poder discutir no sólo con los distintos poderes del estado, sino también con las víctimas o familiares de victimas que son los que cotidianamente sufren situaciones de ausencia de reconocimineto de sus derechos», apuntó el legislador.
Martínez detalló también que se abordará la cuestión de que aquellos que usan o portan armas sean pasibles de prisión preventiva, porque es una peligrosidad procesal, al igual que en los casos de violencia de género, cuando se violan las órdenes perimetrales o se incumple la exclusión.
Asimismo también se tratan las temáticas de homicidio, daño en el patrimonio, violencia institucional y se está en diálogo con distintas organizaciones que buscan impulsar la figura del homicidio vial y la creación de fiscalías especializadas en esta materia.
De la audiencia participaron, entre muchos otros funcionarios, el presidente de la Cámara Federal, Anibal Pineda, el Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, Jorge Baclini y el procurador de la Corte Suprema.
