El magister en Inteligencia de Económica por el Instituto de Ciencias Forenses y de Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Sebastián Ovejero, analizó el ataque que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1 de septiembre y aseguró que fue «un fracaso hecho y derecho» de la custodia. En ese marco, apuntó a los niveles de formación que se requieren para enfrentar este tipo de situaciones y remarcó la necesidad de contar con una Ley de Servicios de Protección y Custodia del Estado que cree una Agencia Federal especializada.
El también consultor en gestión de riesgos estratégicos explicó que su análisis hace foco en lo que se denomina Tácticas Técnicas y Procedimientos (TTP), un punto que expone falencias en todas las etapas del atentado contra la titular del Senado: en las actividades previas; durante el ataque, y en los momentos posteriores.
«El fracaso es completo», aseveró Ovejero el pasado sábado en declaraciones al programa Aquí Estamos, de Radio UNR.
En los distintos niveles de este «fracaso», el especialista incluyó la falta de reacción política ante el atentado, ya que las máximas autoridades de seguridad del país se mantuvieron en sus cargos tras el suceso.
«Es interesante, políticamente no hay responsables. El ministro de Seguridad sigue siendo el mismo y el jefe de la Policía Federal también. Esto es una anomalía. En un país como Chile -sin nombrar Canadá o Estados Unidos- la renuncia de estos funcionarios políticos hubiera sido inmediata. Eso acá no sucedió y no parece ser interesante explicar por qué no pasó. La cadena de mando política debería haber cambiado para que una nueva haga una evaluación no vinculada con las autoridades previas», lamentó.
Por otro lado, en el marco de lo Técnico, Táctico y de Procedimiento, Ovejero consideró que los custodios de la vicepresidenta reaccionaron según su nivel de adiestramiento. «Este es el nivel de adiestramiento que tenemos en materia de protección de Estado y custodia en la Argentina. Falta mucho. Si uno revisa el programa anual de capacitación de la Policía Federal y revisa los planes de instrucción y adiestramiento, ve que son planes que estaban bien para la década del 60 o el 70, cuando comenzaron a pensarse de manera técnica, pero hoy están desactualizados para lo que son las capacidades de este tipo de unidades en el mundo», planteó.
Aun así, consideró que estas falencias no se desprenden de una falta de conocimiento del problema ni de una mala lectura de cuáles podrían ser las maneras más óptimas de operar, sino de una falta de recursos económicos que permitan desarrollar programas actualizados.
«Si uno va a la Policía Federal con un proyecto moderno, la misma va a plantear que no cuenta con las finanzas para hacer eso. Las cosas muchas veces son de mala calidad no porque no sepa cuál es la buena calidad; sino porque no puede pagarla. La Policía Federal tiene un presupuesto muy acotado para el tipo de funciones que tiene que realizar y la custodia no es una prioridad dentro de la institución a pesar de que tienen un área específica, y la calidad de la custodia va en relación a los presupuestos; a lo que se paga», sostuvo Ovejero.
El magister en Inteligencia de Económica señaló que el bajo nivel de adiestramiento queda expuesto ante situaciones de alta exigencia. «En cuanto aparece una pequeña amenaza, el sistema se desmorona», advirtió, al mismo tiempo que proyectó un escenario difícil de cara al futuro el matiz que adoptó la investigación y las repercusiones de la misma: «Las probabilidades indican que es plausible que este caso termine disuelto en unos meses en una nube de incomprensión. Cuando usted no resuelve ni le da certidumbre diciendo: ‘estos son los hechos; estos los responsables’, la señal que está dando es que el costo que afecta la seguridad de las personas y las instituciones es nulo».
LEGISLACIÓN
En este contexto, Ovejero remarcó que es necesario instrumentar actualizaciones en términos legislativos para mejorar la seguridad de los principales funcionarios estatales y aquellas personas que las autoridades consideren que requieran custodia específica.
«Ni siquiera tenemos una ley de Protección del Estado. Esto es crítico. Solo hay una resolución del Ministerio de Seguridad, que es la 389 del año 2016, eso gobierna estas cuestiones», se quejó el especialista en declaraciones a Radio UNR.
Y amplió: «Sería razonable que el Congreso discuta una Ley de Servicios de Protección y Custodia del Estado. Ahí se crearía una institución exclusivamente dedicada a esto, algo que es muy importante. La idea de tener policías que pueden hacerlo todo, es primitiva. Una concepción moderna apunta a tener unidades especializadas por tema: gente que haga toda su carrera en custodia y protección del Estado».
Con esta medida, explicó, podría constituirse una Agencia Federal de Protección Ejecutiva que se dedique exclusivamente a la custodia de los funcionarios federales que se encuentren bajo riesgo.
«Así tendríamos una unidad, como en su momento hizo falta una Policía de Seguridad Aeroportuaria o como tenemos la Prefectura para los puertos», concluyó el especialista.
