En sólo 12 horas, Sergio Massa y Miguel Pichetto dejaron al filo de la anulación el mega decreto de Mauricio Macri para «desburocratizar el Estado», que llegó con regalos inesperados como la habilitación a embargar cuentas sueldos o a crear fideicomisos con el fondo de garantías de Anses (FGS).
«Es abusivo. Avanzaron sobre áreas y temas que comprenden la reforma de 129 leyes. Es una herramienta prevista en la Constitución y se puede utilizar más en la etapa de receso del Congreso, pero fue un poco mucho», se lamentó Pichetto, en una incursión televisiva.
Los diputados de Massa no se quedaron sólo en palabras: fueron a Tribunales a presentar una «acción declarativa» por inconstitucionalidad del DNU y cuestionaron que también elimine la obligación de difundir en los boletines de los distritos afectados las licitaciones de obras públicas, o la reducción de días de anticipación para esa publicación.
«Se toman más de 190 medidas que apuntan a reformar el Estado, adjudicándole al Poder Ejecutivo facultades que avasallan las atribuciones del Congreso de la Nación, alterando las reglas del Estado de Derecho y la división de poderes que caracterizan al modelo republicano», denunció Graciela Camaño, jefe de los renovadores.
Molesta, recordó que hizo una presentación similar en 2010 contra Cristina Kirchner y acompañada por Federico Pinedo y Patricia Bullrich, hoy parte del Gobierno. La escolataron sus pares Daniel Arroyo, Raúl Pérez, Carla Pitiot, Marco Lavagna, José Ignacio de Mendiguren y Alejandro Grandinetti.
Massa, que se reunió con Pichetto la semana pasada, dejó 20 diputados y su queja se suma a la que ya hicieron FpV-PJ y el Justicialista, eje del interbloque federal, identificado con los gobernadores.
Juntos, estos bloques y sus aliados más cercanos podrían reunir los 129 votos para una mayoría en Diputados: el FpV-PJ tiene 64 miembros, el interbloque federal 31 y hay opositores rasos como el Peronismo para la Victoria (4), Compromiso Federal (4), Frente de Izquierda (3) Socialismo (1), Libres del Sur (1), Forja (1) y la santafesina Alejandra Rodenas, que rechazó el DNU en un comunicado.
En el Senado es posible una mayoría de 37 con los conducidos por Pichetto (25) y los 12 que en diciembre se exhibieron como opositores sin filtro: 8 del kirchnerismo, 2 puntanos (Adolfo Rodríguez Saá y María Eugenia Catalfamo) y los progresistas Magdalena Odarda y Fernando «Pino» Solanas.
Como relató LPO, por una maniobra de Emilio Monzó y de Gabriela Michetti, el Gobierno blindó la bicameral de trámite legislativo, encargada de tratar si los decretos presidenciables son viables. Recién se reuniría a comienzos de febrero para debatir la desburocratización.
Pueden ganar tiempo, pero hay un límite: si los decretos quedan diez días cajoneados en la comisión, ambas Cámaras están habilitadas a tratarlos. Si lo rechazan, quedan anulados.
No hay antecedentes y tal vez por eso Macri se acostumbró a tensar la cuerda al máximo. El año pasado improvisó una reunión de Gabinete para evitar que el Senado anule un DNU que suprimió los reembolsos a puertos patagónicos.
Para anular un decreto la oposición necesitaría una coordinación que pocos imaginan, pero tampoco parecía posible antes de la fallida sesión para tratar la reforma laboral en Diputados. Y cuando se suspendió por los incidentes afuera y adentro del recinto, hubo abrazos cruzados de kirchneristas, massistas y peronistas de la vieja guardia.
Claro que, mientras el Congreso no los elimine, los decretos pueden aplicarse libremente y las palabras opositoras se las lleva el viento. A eso juega el Gobierno.
