La querella de la causa de la Mesa Judicial M, que investiga la persecución por parte del macrismo a Fabian de Souza y Cristobal López para que se desprendan de empresas del Grupo Indalo, pidió el apartamiento de los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

Según el escrito, se los acusa de incurrir en ilegalidades por obstruir el peritaje resuelto por la jueza Servini. En el mismo se sindica a Irurzun como potencial implicado por el resultado de la pericia llevada a cabo sobre los imputados.

Asimismo, se presume que se trató de una reunión de la Mesa Judicial que había montado el macrismo para perseguir opositores políticos.

Carlos Beraldi, abogado de Fabián de Souza, pidió a Casación dejar sin efecto la resolución de Irurzun y Bruglia que garantiza la impunidad de Macri, exfuncionarios y empresarios imputados, por presunta utilizar la encarcelación de los empresarios para hacerse con los activos de la empresa a precio vil.

El patrocinante de De Souza, solicitó que no se limite la pericia ordenada por Servini, y que pase directamente a Casación, obviando la definición de Bruglia e Irurzun por estar recusados.

Por su parte, Rodriguez Simón, de gran influencia en la justicia durante la era Macri, está apuntado como uno de los protagonistas de la Mesa Judicial M y fue fotografiado junto a Irurzun fuera de Tribunales, tomando un café.

Una de las hipótesis que maneja la querella es que entre las comunicaciones de “Pepín”, solicitadas junto a las de Macri y otros exfuncionarios, podría encontrarse el mismo Martín Irurzun, en una situación comprometedora. Sin dudas se trata de una hipótesis plausible que genera temor de parcialidad por parte de Irurzun.

Por otra parte, la apelación de Macri, Pepín y el resto de la mesa judicial no debería haber recibido el visto bueno de los camaristas, en tanto no es posible cuestionar una medida de prueba ya que esto significaría que los acusados podrían decidir qué pruebas se utilizan para investigar el delito por el que son acusados. Como máxima, el camino es cuestionar la nulidad de la prueba y negar su admisibilidad en el plano judicial.