Piden un nuevo relevamiento nacional de personas en situación de calle con participación de organizaciones sociales
La iniciativa, impulsada por el concejal Leonardo Caruana, fue aprobada por el Concejo Municipal. Solicita que el Ejecutivo gestione ante el Gobierno nacional la realización de un nuevo censo que respete los criterios establecidos por la ley y refleje la dimensión real de la problemática.
El Concejo Municipal aprobó un pedido para que el Departamento Ejecutivo gestione ante el Gobierno nacional la realización de un nuevo relevamiento de personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle, luego de las críticas que despertó el informe difundido por la administración nacional en abril de 2026.
La iniciativa fue presentada por el concejal Leonardo Caruana, quien cuestionó tanto la metodología utilizada como los resultados obtenidos en el relevamiento realizado por el Ministerio de Capital Humano.
«Es necesario un nuevo relevamiento que contemple lo que estipula la ley y que incorpore la participación de los gobiernos locales, las universidades y las organizaciones sociales que trabajan diariamente con esta realidad», sostuvo el edil en diálogo con Conclusión.
Según explicó, uno de los principales cuestionamientos radica en que el trabajo se realizó «a puertas cerradas» y sin la intervención de entidades que cuentan con un conocimiento territorial directo de la problemática. Además, remarcó que el informe dejó fuera a importantes jurisdicciones del país y arrojó cifras que, a criterio de organizaciones sociales y referentes del sector, subestiman la cantidad de personas afectadas.
Como ejemplo, Caruana señaló las diferencias existentes en Rosario. Mientras el relevamiento nacional contabilizó unas 450 personas en situación de calle, el propio municipio estima más de 800 casos y las organizaciones sociales calculan que la cifra oscila entre 1.200 y 1.500 personas.
«El primer paso para desarrollar una política pública seria y eficaz es saber con claridad de qué población estamos hablando. Invisibilizar esta realidad es el primer acto de discriminación», afirmó.
El concejal también cuestionó que el relevamiento nacional no incluyera a personas alojadas en instituciones, hogares o dentro del sistema penitenciario que se encuentran en riesgo de terminar viviendo en la calle, situación que, según indicó, genera un importante subregistro.
Para Caruana, contar con datos precisos resulta indispensable para planificar políticas públicas, asignar recursos y garantizar respuestas adecuadas en materia de salud, asistencia social y acompañamiento integral.
En ese sentido, advirtió que la problemática se ha profundizado en los últimos años y que ya no se concentra únicamente en áreas céntricas de las ciudades. «Hoy todos los distritos tienen personas en situación de calle o en riesgo de estarlo», sostuvo.
El edil también alertó sobre cambios en el perfil de quienes atraviesan esta situación. Según indicó, además de las personas históricamente afectadas por la exclusión social, comenzaron a aparecer nuevos sectores vulnerables.
«Las organizaciones y la Iglesia vienen señalando que se incorporan jubilados a los comedores y que hay familias completas que, tras perder el trabajo o distintas ayudas estatales, terminan en una situación de extrema vulnerabilidad», señaló.
Finalmente, Caruana consideró que el Gobierno nacional no solo se desentiende de la problemática al reducir su participación presupuestaria, sino también al no generar registros precisos sobre la magnitud del fenómeno.
«Es el rostro más visible de la crisis social y económica. Si no sabemos cuántas personas están afectadas, resulta imposible construir políticas públicas que estén a la altura del problema», concluyó.