Mucha fue la polémica en marzo de este año, cuando el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, expuso en uno de sus informes al Congreso que el Estado envía más de 130 millones de pesos a la Iglesia.
Ahora, el diputado nacional de Unión Cívica Radical, Alejandro Echegaray, presentó un proyecto para que los salarios de los obispos de la institución religiosa dejen de ser solventados por el Estado.
Como principal crítica, el legislador radical adujo que «el beneficio a la jerarquía eclesiástica viene desde la última dictadura militar», en relación a cinco decretos firmados por Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone.
«Entendemos que esta situación no tiene nada que ver con el sostenimiento del culto católico. Estos decretos establecen beneficios personales en carácter salarial. Los salarios equivalen desde un 60% hasta un 80% a los de jueces en primera instancias», apuntó Echegaray.
Asímismo, explicó que el proyecto puntualiza en las asignaciones personales: «Hay que poner en discusión esta cuestión y plantear por qué los ciudadanos que no profesan la religión católica deben costear este tipo de salarios. Existe un fuerte apoyo presupuestario del Estado, que no cuestiono, solo planteo la derogación de estos decretos que son asignaciones personales de las que no se rinde cuenta».
En el informe de Marcos Peña, se informó que el aporte total a la Iglesia será este año de $ 130.421.300. Y que mensualmente cada obispo diocesano recibe $ 46.800; cada obispo auxiliar: $ 40.950, y cada obispo emérito: $40.950.
