En el marco de la creciente preocupación de vecinos y comerciantes por el impacto de las tarifas de energía, el diputado Rubén Giustiniani y la diputada Silvia Augsburger de “Igualdad y Participación” presentaron un proyecto que establece que los aumentos de los servicios públicos provinciales no sean superiores a la inflación y a las subas de salarios. Además, alertan sobre el incremento del inmobiliario rural y urbano.
“Queremos frenar los tarifazos que están conspirando con el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones y están tirando la inflación para arriba”, explicó a Conclusión el diputado y agregó: “Por eso presentamos este proyecto de ley que es fundamental para proteger los intereses de la sociedad y los usuarios”.
Por su parte, Augsburger indicó que el proyecto implica la prohibición “expresa” de aumentar la tarifa por encima de la paritaria. “Si se ofrece una paritaria del 18% los servicios públicos no pueden incrementarse por encima de esa pauta”, ejemplificó.
Consultada sobre las posibilidades de intervenir los servicios públicos, la diputada aseguró que “se puede porque son empresas del estado, así como el transporte por lo que deben ser subsidiados por el Estado para que no recaiga todo el peso de la tarifa a los usuarios”.
“Esperamos que tenga el eco en la Cámara que hoy tiene en la gente y que distintos legisladores acompañen esta iniciativa para que las familias puedan llegar a fin de mes, haciendo que paguen más los que más tienen y no al revés”, aspiró.
Por último, el diputado provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, consideró que “el gobierno de la provincia carece de imaginación, de valentía, y le pone toda la mochila de esos 12 mil millones de pesos más que le pasa la Nación a la provincia, a los trabajadores, a las familias humildes de la provincia y al pequeño industrial, al pequeño productor” y en seguida completó: “Eso es un ejemplo de cobardía política. Hay que empezar a cobrarle impuestos a las exportadoras”.
Inmobiliario rural y urbano
El diputado de «Igualdad y Participación» se mostró alerta sobre el tema y dijo que «el pacto fiscal estableció que se tienen que hacer los revalúos, y esto es muy grave porque ajustar de golpe el valor fiscal al valor del mercado implicaría que el próximo impuesto inmobiliario pueda estar dos o tres veces más que lo que se pagaba el año pasado».
«Impacta directamente en el impuesto inmobiliario urbano, a todas las familias. Por eso pedimos que el revalúo se suspenda porque sería muy serio ya que se sumaría a los tarifazos en los servicios públicos», cerró Giustiniani.
