El juez federal Daniel Rafecas procesó hoy al exjefe del Ejército César Milani por enriquecimiento ilícito y le trabó un embargo de 5 millones de pesos.

En la misma resolución, el magistrado procesó como partícipe necesario de la maniobra al capitán retirado Eduardo Enrique Barreiro, a quien le impuso un embargo por 2 millones de pesos.

La investigación se basa en la compra en junio de 2010 de una casa en el barrio La Horqueta, en San Isidro, por un valor declarado en escritura pública de $ 1.500.000, monto del cual, al menos la mitad, se desconoce el origen del dinero que Milani invirtió en dicha propiedad.

Según declaró el ex militar, la plata para comprar la casa se la había prestado Barreiro, quien a su vez tiene pendiente ser juzgado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar.

Rafecas tuvo en cuenta el peritaje de expertos contadores de la Corte Suprema de Justicia, quienes señalaron inconsistencias entre los ingresos y gastos hechos por Milani, en especial, lo que tiene que ver con la compra de la casa en La Horqueta.

El juez consideró que al menos de la mitad de esa cifra se desconoce su origen, pese a que Milani afirmó que había recibido200 mil dólares en diciembre de 2009 por parte de Barreiro.

Si bien el exjefe del Ejército había declarado el préstamo ante la Oficina Anticorrupción (OA), los peritos contadores y Rafecas señalaron que el documento presentado por el militar no tenía fecha cierta, ni tenía respaldo de movimiento bancario alguno, ni intervención de escribano o de testigos.

«El hecho de que el mutuo señalado haya quedado en el ámbito de lo privado y no se viera reflejado en sus declaraciones juradas, hace que, en contraste con las inconsistencias que vienen relatándose acerca de la situación fáctica en la que Barreiro le habría prestado ese dinero, no pueda corroborarse la existencia de ese hecho más allá de sus propias declaraciones», sostuvo en juez en un fallo de 505 carillas.

En su indagatoria, Milani había dejado algunas dudas abiertas, ya que nunca pudo ratificar qué inmobiliaria intervino en la compra de la propiedad en La Horqueta, y además no estaba comprobada la solvencia económica de Barreiro.

El capitán retirado nunca declaró un solo dólar ante la AFIP y su única riqueza es producto de una operación de venta en 2006 de un local en la galería Belgrano, Capital Federal, de 8 metros cuadrados por 120 mil dólares, que se repartieron entre él y su hermano.

Además, él mismo dijo que percibía un salario de 20 mil pesos y otros 8 mil mensuales por subsidio como excombatiente de la guerra de Malvinas.

Rafecas tampoco consideró probado que como parte de la devolución del préstamo, Milani le haya entregado a su amigo Barreiro un departamento de su propiedad en la calle Moldes, en Capital Federal, tal como declaró.

Es que, el exjefe del Ejército siguió pagando las expensas de ese departamento durante los tres meses siguientes a la supuesta venta, y que en el documento mutuo en función del préstamo se asentó que la devolución fue con dinero en efectivo.

La causa se inició en 2013 y desde entonces el juez Rafecas y el fiscal Jorge Di Lello ordenaron dos peritajes: uno realizado por la División Delitos Económicos de Prefectura Naval y otro por

contadores de la Procuración General de la Nación.

El estudio realizado por la Corte fue contundente para que el magistrado citara a Milani a indagatoria y ahora lo procesara.

«Milani, en su carácter de funcionario público, tenía la obligación de declarar su patrimonio, no quedando al arbitrio del funcionario las consideraciones de qué bienes o ingresos declarar o no, ni qué deudas o cancelaciones, debiendo garantizar en todo momento transparencia en sus cuentas, exigencia que, como es sabido, por imperio de la ley perdura hasta luego de dos años de abandonar la función pública», señaló Rafecas.