Un proyecto ingresado este jueves a la Legislatura de Santa Fe busca prohibir los desarrollos inmobiliarios por 30 años sobre los suelos incendiados hasta que se produzca la restauración forestal.
La iniciativa fue presentada por el diputado provincial del bloque Ciudad Futura-FSP, Carlos del Frade, quien señala que «el proyecto de ley tiene por objetivo restaurar la biodiversidad original de los terrenos incendiados en todo el ámbito de la provincia de Santa Fe».
Para este objetivo, el segundo artículo del texto legislativo propone que quede «prohibido el cambio de uso forestal, al menos durante treinta años» y «toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el período establecido, para garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos forestales incendiados en todo el territorio de la provincia de Santa Fe».
Las autoridades de aplicación de la normativa serían los ministerios provinciales de Medio Ambiente y Producción, que serían los encargados de hacer cumplir la prohibición de nuevos emprendimientos en las zonas devastadas por los incendios intencionales.
El proyecto, al que tuvo acceso Conclusión, también indica que los fondos requeridos para la inspección permanente de los humedales y demás zonas de montes y bosques nativos surgirían de una partida especial que se incorporaría al primer presupuesto correspondiente luego de dictada la norma.
«Los incendios sufridos desde febrero hasta octubre de 2020 en la zona del Delta del Paraná, produjeron la pérdida del 20 por ciento de su superficie de más de 1.750.000 hectáreas. Es decir que se perdieron más de 300 mil hectáreas en menos de un año con problemas presentes y futuros», argumenta del Frade en el texto de la iniciativa.
El proyecto también busca crear una Junta Provincial de Protección de la Biodiversidad con la especial participación de organizaciones ambientalistas a los fines de socializar la información con las agencias estatales. De esta manera, además, se sumaría el control de la ciudadanía a las medidas que se tomen en cualquier lugar de la provincia.
Respecto a este punto, el diputado provincial señaló que «es indispensable recabar experiencias de distintas latitudes para generar una realidad mejor en la provincia de Santa Fe. Una política pública que proteja el ambiente y los bienes comunes».
Según el legislador santafesino, para lograr ese objetivo es indispensable contar con «una Junta que emerja como verdadero contralor ciudadano de lo que hagan las y los inspectores de los ministerios de Medio Ambiente y Producción, que serán los encargados de aplicar la prohibición mencionada».
De esta forma -afirma en los fundamentos del proyecto- se podrá «democratizar la democracia con control ciudadano y elevación de la conciencia del cuidado de los bienes comunes por encima de los intereses económicos particulares».
