El juez federal Daniel Rafecas amplió hoy el procesamiento por enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Obras Públicas, José López, a raíz de la tenencia de la vivienda de Dique Luján, en Tigre, y también dictó la misma medida sobre su esposa y sus supuestos testaferros.

Para Rafecas, el ex funcionario es el verdadero dueño de la propiedad, valuada en 680 mil dólares, y su esposa, María Amalia Díaz. En tanto que los empresarios Eduardo Gutiérrez y Andrés Galera son «partícipes necesarios» del enriquecimiento ilícito.

De la misma manera, el magistrado dictó la falta de mérito de la monja Inés Aparicio, quien ayudó a ingresar los bolsos con casi 9 millones de dólares de López al convento de General Rodríguez.

Rafecas elevó a 220 millones de pesos el embargo al ex secretario, quien está detenido desde la madrugada del 14 de junio pasado, cuando fue sorprendido con el dinero en el convento.

«Sobre la misma imputación de enriquecimiento ilícito (por los dólares), ahora le estamos ampliando esa imputación por la propiedad de la casa de Dique Luján. Para esta segunda parte de la investigación nosotros sostenemos que López no se habría valido solamente por sí mismo, sino que contó con la ayuda y la participación activa de su esposa», subrayó Rafecas en declaraciones al canal América 24.

Según sostuvo, «en el expediente se ha demostrado que (Díaz) hizo propuestas y participó activamente desde la demolición de la casa anterior a los detalles de diseño» de la nueva, que el matrimonio alquilaba.

El ex secretario de Obras Públicas había sido procesado en principio por la tenencia de los dólares que no podía justificar y que él mismo dijo que «provenían de la política», y ahora por la vivienda que él afirmó que alquilaba.