Por Aldo Battisacco desde Buenos Aires (enviado especial)
La jueza en lo Contencioso Administrativo María Alejandra Biotti rechazó una acción de amparo solicitada ante la Justicia por el diputado nacional Felipe Solá, quien pidió que se declare inconstitucional el decreto presidencial que facultó la incorporación de familiares de funcionarios de gobierno al blanqueo de capitales.
El artículo 6 del Decreto 1.206/2016 firmado por el presidente Mauricio Macri, estableció la posibilidad de que familiares de funcionarios ingresaran al blanqueo, que según la Ley 27.260 elaborada por el Congreso lo prohibía expresamente en los artículos 82 y 83.
Felipe Solá, había argumentado en su presentación que esa resolución estableció que la norma votada por el Congreso había vedado expresamente lo que el decreto desconoció.
En diálogo con Conclusión, el legislador sostuvo en su momento que aspiraba «a la declaración de inconstitucionalidad del artículo 6 del Decreto que reglamentó la Ley, porque implica de hecho que el Poder Ejecutivo asuma facultades legislativas», y además de «alterar el espíritu de la norma».
La decisión de la magistrada, respecto de la acción solicitada por Solá, sorprendió al legislador puesto que «la jueza no analizó la cuestión de fondo, no se refirió a nuestros argumentos, consideró que no estaba legitimado ni como ciudadano, ni como legislador nacional para promover la acción judicial», al considerar que la norma “no agraviaba de manera expresa y concreta”.
«Nosotros creemos que sí está legitimada la petición, porque participé activamente en la elaboración de la norma», afirmó el parlamentario.
Y abundó diciendo que conoce «la jurisprudencia existente para casos similares», a la vez que entiende que le asiste el derecho de hacerlo «como legislador y ciudadano», de allí que se citó como antecedentes «Colegio de Abogados de Tucumán» y «Zavalía», en donde se ensanchó la posibilidad de actuar».
Seguidamente, Felipe Solá, analizó que «si no puede hacerlo un ciudadano, si no puede hacerlo un legislador que participó en la elaboración de la ley, ¿quién podría hacerlo? ¿El mismo Poder Ejecutivo que dictó la norma cuestionada? ¿Las presidencias de las Cámaras del Congreso qué son del mismo partido del presidente de la Nación?», se preguntó.
El interrogante cobró otra dimensión al referir a este medio que «no puede ser que exista una norma que no pueda ser impugnada judicialmente, cuando lesiona la Constitución Nacional, la ética republicana y el erario público».
Felipe Solá ya apeló el fallo a través de su abogado, Martín Yañez.
Cabe recordar que por incluir a los familiares de funcionarios públicos al régimen de sinceramiento fiscal, ya habían sido imputados por el fiscal Guillermo Marijuan el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el exministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, bajo la sospecha de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionarios públicos”.
