Enviado especial a Buenos Aires – Desde la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 956 que legalizó el Reglamento de uso de armas letales por parte de las fuerzas de seguridad que establece que se le puede disparar a una persona que huye aunque no está armada, se alzaron una multiplicidad de voces en contra de la normativa. Dos diputadas nacionales dialogaron con Conclusión y expusieron sus criticas a la iniciativa gubernamental.

La respuesta de la legisladora del Frente de Izquierda de los Trabajadores, Romina del Pla, fue presentar un proyecto para anular la resolución que emitió el oficialismo para acabar con esta herramienta, porque «en manos de las fuerzas federales de seguridad» quedan facultadas para «utilizar sus armas de fuego en todo tipo de ocasiones», y «cuando sea necesario».

La iniciativa de la parlamentaria impugna la posibilidad de que sea legal disparar sobre una persona aunque posteriormente se pueda constatar que tenía un arma de juguete, o sobre un grupo de personas por el solo hecho de que alguna de ellas posea un arma y también cuando un uniformado interprete que un ciudadano realice un movimiento que le sugiera que puede sacar un arma.

Del Pla sostiene que esta medida que se anunció para el G 20, «y ahora se convierte en norma permanente tiene el objetivo de habilitar el gatillo fácil de las fuerzas de seguridad» y además «también le servirá al Gobierno para reprimir las movilizaciones que se avecinan como respuesta a la política de ajuste y exclusión del Gobierno nacional».

Y añadió: «La normativa no se limita a situaciones de delito, se les da libertad de reprimir cuando lo crean necesario”.

Por su lado, la santafecina, Lucila De Ponti, apuntó que la Resolución que impulso el ministerio de Seguridad, tiene problemas de «coherencia con el resto de la legislación, como el Código Penal y la Constitución Nacional».

Para la diputada del bloque  Red x Argentina, producto de esta imposición «se generarán grandes problemas» en los casos que se judicialice» por seguir esas «directivas de Patricia Bulrich».

Además, para De Ponti no es la manera «resolver la inseguridad con violencia desmedida por parte de las fuerzas de seguridad», y aconsejó que se debe «buscar la manera de profesionalir , mejorar sus condiciones de trabajo para que puedan e¿neutralizar y reducir las situaciones de conflicto sin tener que generar acciones, que no se condice con el cuerpo de derechos humanos» que están consignados en la letra de la Carta Magna,

La resolución del ministerio de Seguridad que conduce patricia Bullrich y que fuera consagrada en el Boletín Oficial fue duramente cuestionada por organismos de derechos humanos y por la Defensoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.