Se postergó hasta el 15/2 el traspaso de las escuchas

La Corte Suprema de la Justicia, en su habitual reunión de Acuerdo de los martes, decidió postergar hasta mediados de febrero la transferencia dispuesta en el Decreto de Necesidad y Urgentina 256/2015, firmado por el presidente Mauricio Macri y sus ministros y publicado hoy en el boletín oficial.

En el mismo se había estipulado la transferencia de la órbita del Ministerio Público Fiscal a la del máximo tribunal del Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones, responsable de ejecutar las interceptaciones de telecomunicaciones, autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente.

Desde la Corta consideraron que «no es posible» hacerlo «de inmediato» por la cantidad de «medios humanos y materiales» que involucraría ello.

«El tribunal entiende que no es posible llevar adelante de inmediato esta misión, dada su importancia y especificidad, en tanto involucra la organización de medios humanos y materiales así como la prolija tarea reglamentaria y una ordenada transición. A tal efecto, se estima necesario postergar hasta el 15 de febrero de 2016 la transferencia», sostuvieron los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

A su vez, los miembros de la Corte especificaron que «lo expresado (en la acordada) lo es sin perjuicio de la evaluación que esta Corte pueda efectuar sobre la validez del decreto 256/2015 en ejercicio de sus facultades constitucionales», al tomar esta determinación el mismo día que se publicó en el Boletín Oficial.

La titular de Dicom, Cristina Caamaño, había anticipado que el equipo jurídico de la Procuración realizará «una presentación, pero no hoy, sino cuando termine la feria, en febrero», en rechazo del decreto de necesidad y urgencia.

También se consideró necesario «crear y organizar una estructura apropiada con responsables jerárquicos idóneos destinada a controlar la tarea del personal y el funcionamiento del área que se pretende transferir así como para autorizar, firmar o suscribir los oficios a las empresas responsables de ejecutar las de las comunicaciones», en vista de dar cumplimiento a lo estipulado en el decreto.

La acordada fue trasmitida por la Corte a la Procuración General de la Nación, a la Cámara Federal de Casación Penal y a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y difundida a través del Centro de Información Judicial, portal de noticias que depende del máximo tribunal.