Aldo Battisacco – Conclusión Buenos Aires

El diputado nacional Eduardo Valdés sostuvo que no está de acuerdo con el operativo impulsado por el Gobierno nacional en el sur, en cuyo marco fueron detenidas varias mujeres de la comunidad mapuche y afirmóen forma categórica: Soy del Frente de Todos y no me siento responsable de criminalizar a mujeres en Río Negro».

El legislador del Frente de Todos dialogó con Conclusión y se refirió al desalojo de una comunidad mapuche en la provincia de Río Negro y opinó que el lanzamiento de la Red Federal de las Organizaciones Populares le parece «una muy buena idea para defender a las organizaciones populares frente a una ofensiva que es muy fuerte, como la detención de las mujeres mapuches que han traído a Ezeiza, separándolas de la comunidad. Nos sorprende que venga de un gobierno popular”.

“Este encuentro se abrió bajo el concepto del derecho a la tierra, techo y trabajo. Y auguramos que esta red de defensores trabaje lo menos posible, porque eso significaría que no se criminaliza a las organizaciones. Pero hoy tenemos una injusticia con la comunidad mapuche”, había afirmado el parlamentario ante quienes se habían congregado para impulsar la Red Federal de las Organizaciones Populares.

«Soy del Frente de Todos y no me siento responsable de criminalizar a mujeres mapuches»

Valdés señaló respecto de la situación de la agrupación Tupac Amaru en Jujuy, donde se abrieron otras causas con seis detenidos: “El primer tema que se tocó es el de Milagro Sala, hay que tomar medidas, le pido al Poder Ejecutivo y a la Corte Suprema de Justicia que se aboquen al tema. El peor de los delitos por el que se puede haber condenado a Sala no tiene más de 7 años de prisión, y ya pasó más de ese plazo. Milagro Sala presa es la mayor interpelación al sistema republicano y democrático”.

Causa «Pata» Medina

Este miércoles se conoció que el juez federal Alejandro Esmoris declaró la nulidad de un proceso contra el exgremialista de la UOCRA de La Plata, Juan Manuel «Pata» Medina y también solicitó investigar al magistrado de Quilmes Luis Armella.

El magistrado declaró la nulidad de la causa en la que se lo acusó por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, al sindicalista, ante el pedido de nulidad de los abogados Alejandro Roberto Montone y Juan Ángel Di Nardo, quienes expusieron que en una reunión en el Banco Provincia, en la ciudad de Buenos Aires, entre empresarios, funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y agentes de la AFI -conocida como «Gestapo»-, se convocó a armar una estrategia para impulsar causas contra gremialistas, básicamente de la actividad de la construcción de La Plata.

Sobre le tema, el legislador nacional  indicó que se enteró del fallo de la causa que juzgaba a Medina, «donde el argumento fue que lo que se vio en el video que se filmo – a instancias de Magdalani y Arribas, es decir la AFI- en el Banco Provincia, todo se fue ejecutando lo que se planifico en esa reunión donde estaba el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, otros ministro como el de Producción, agentes de la AFI y funcionarios de María Eugenia Vidal. Todo esto que se planificó, se cumplió en el expediente, y por ser ilegal decidió anular las actuaciones».

«Lo sorprendente es que ahora un juez sobreseyó a Medina y a su vez hay otros jueces que hablan de cuentapropismo, estas son las incongruencias del sistema judicial, valoro mucho a éste juez, tuvo la valentía de plantear ésto que a todas luces es verdad», explicó Valdés. 

En la declaración de nulidad, el tribunal enumeró «actos del magistrado instructor que afectaron la garantía de juez imparcial» y destacó «el indudable y evidente interés que tenían los representantes de los distintos estamentos políticos y de la actividad relativa a la construcción centralizada en la ciudad de La Plata en el armado de causas judiciales en las que Medina resultare legitimado pasivo«.

«Su actuar no estuvo regido por la indiferencia que debe gobernar las decisiones jurisdiccionales, en el sentido de que estuvo determinado o, al menos, influenciado, por los intereses asumidos por ciertos funcionarios en aquella reunión celebrada el 15 de junio de 2017 en la sede capitalina del Banco de la Provincia de Buenos Aires», fundamentó Esmoris.