Una jueza porteña ordenó al Gobierno porteño que los agentes que participen del operativo de seguridad en torno al Congreso Nacional «no podrán utilizar armas de fuego» y que «las balas de goma y gases lacrimógenos sólo podrán ser utilizados como último recurso y a una distancia que minimice las consecuencias para los manifestantes».

Así lo dispuso la magistrada Patricia López Vergara al hacer lugar a una medida cautelar presentada por el legislador porteño Mariano Recalde y por el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.

La jueza en lo Contencioso Administrativo señaló también que el Gobierno porteño deberá informarle «cuáles son las fuerzas de seguridad que tendrán intervención en la movilización de hoy».

Además, dispuso que «todos los efectivos destinados al operativo deberán estar con uniforme reglamentario y visiblemente identificados».

También determinó que el Gobierno de la Ciudad deberá informarle a la Justicia «la nómina de vehículos que serán utilizados y entregar todas las filmaciones y registros que realice del operativo».

De igual modo, le prohibió «la utilización de vehículos y personal de civil no identificado» y ordenó «evitar la dispersión innecesaria de los posibles detenidos en diversos lugares de detención».