Por Infobae

 

La gigantesca prisión, en una aislada zona rural y dotada de mucha tecnología, es la “más grande de América”, según el gobierno salvadoreño. Construida en un valle a una corta distancia del imponente volcán Chichontepec, en Tecoluca, unos 74 km al sureste de San Salvador, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), se destaca por rigurosos controles de ingreso.

El presidio fue construido para recluir a parte de los 62.975 pandilleros detenidos bajo el polémico régimen de excepción instaurado por Nayib Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas entre el 25 y 27 de marzo pasado.

Con el fin de levantar la cárcel, el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para construir ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros, protegido por alambradas electrificadas.

Para ingresar al presidio tanto reclusos como personal de seguridad y administrativo tienen que llegar a zonas de registro antes de pasar por tres portones fortificados controlados por guardias de seguridad.

Cada pandillero que llegue, además de pasar por un escáner corporal deberá registrarse en un área de ingreso donde le tomarán fotografías.

Para dar autonomía al presidio, el ministro salvadoreño de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, declaró que se perforaron dos pozos, se instalaron una planta de abastecimiento de 600 metros cúbicos de agua, cuatro cisternas, y construyeron ocho subestaciones de energía eléctrica.

Con el fin de garantizar el fluido eléctrico, el penal dispone además de plantas de emergencia a base de combustible. También fue construida una planta de aguas residuales.

Frente a los pabellones de celdas, figura un cuarto de control para operar los sistemas de agua y electricidad para que los internos no tengan capacidad de “manipular” ambos servicios. y los pabellones tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos.

En la cárcel, que fue construida en un tiempo récord de siete meses, trabajaron 3.000 personas y la obra fue supervisada por una empresa mexicana.

Rigor

Cada pabellón posee un área de construcción de 6.000 metros cuadrados, y en cada una de sus 32 celdas provistas de barrotes de acero, se alojarán “más de cien” pandilleros, explicó el ministro Rodríguez.

Los reclusos disponen en cada celda -de unos 100 metros cuadrados-, de dos piletas con agua corriente para el aseo personal, y dos inodoros.

Cada celda también dispone de camarotes de lámina de hierro sin colchón para que duerman los reclusos.

Además, en cada pabellón existen las “celdas de castigo” oscuras y sin ventanas que serán utilizadas con los pandilleros de mala conducta.

“No se han construido patios, áreas de recreación, ni espacios conyugales”, por lo que los pandilleros solo salen de la celda cuando van a una sala para su proceso judicial virtual.

Guardias armados con pistolas y fusiles de asalto están a cargo de la vigilancia de los reos. Equipos electrónicos bloquean las señales de teléfonos celulares impidiendo la comunicación desde el penal.

“Todos los terroristas que planificaron el luto y el dolor en contra del pueblo salvadoreño purgarán sus penas en el CECOT, en el régimen más severo”, aseguró el viceministro de Justicia y Seguridad Pública, Osiris Luna.

 

Los reos deben pagar por comida, ropa y productos de higiene

Los familiares de los detenidos bajo el Régimen de Excepción denunciaron que les exigen 170 dólares al mes para brindarle alimentos y productos básicos a los detenidos.

Lo que compran por ese dinero son siete pequeños paquetes cuyos contenidos no aparecen detallados en las hojas que los carceleros han pegado en los muros de las prisiones. Los familiares solo saben que dan 35 USD por alimentación, 15 USD por artículos de higiene, 30 USD por vestimenta, 20 USD por limpieza de área y 70 USD por misceláneos.

Infobae intentó contactar con las autoridades carcelarias para conocer sus planes sobre los cobros a los reos pero no hubo respuesta. Por ahora, además del sistema de paquetes obligatorios, funciona un sistema de “tiendas institucionales” a los que los familiares depositan sumas de entre 5 USD y 150 USD al mes para comprar en tiendas ubicadas al interior de los penales. “Todo lo compran a sobreprecio. Una Coca Cola que afuera vale 2,50 USD ahí las venden a 10 USD″, explicó la pariente de un reo.

Es imposible saber cómo las autoridades penitenciarias utilizan el dinero que les entregan los familiares de los reos, o si esos fondos son utilizados conforme a lo que establece la ley. No es posible saberlo porque el gobierno de Nayib Bukele ha declarado como reservada toda la información sobre las prisiones y sobre sus políticas de seguridad.

De cualquier forma, y con cualquiera de los formatos de cobro, la venta de artículos de primera necesidad a los reos de El Salvador parece un negocio redondo. Desde marzo hasta ahora, el sistema carcelario ha ingresado unos 64.000 reos que, según cifras oficiales, se han sumado a la población de unos 40.000 que ya existía antes del régimen de excepción decretado hace casi un año. Si, como sospechan los familiares y organizaciones, el cobro obligatorio se extiende a todas las cárceles, el gobierno de Nayib Bukele podría empezar a ingresar unos USD 17 millones al mes.