Por Diego Fusaro**
Estaba en lo cierto Martin Heidegger cuando distinguía entre una humanidad que ya se había derrumbado y otra que aún no se ha derrumbado, porque sigue resistiendo, aunque solo sea a nivel imaginario, a la violencia de la uniformidad tecnocapitalista. Lo que estamos viviendo, y ante lo que la mayoría ya se ha inclinado con una entrega llena de gratitud (colapsando en el sentido heideggeriano), no es a un “gran reinicio”, como algunos lo llaman. Es, au contraire, la “extensión orgánica” (Gramsci) de la civilización capitalista, que se reestructura de manera autoritaria de arriba hacia abajo y consolida algunas de sus nuevas adquisiciones, incluida la sociedad digitalizada del trabajo inteligente y la superación de las democracias parlamentarias.
Un giro autoritario, como he argumentado durante mucho tiempo, que surge claramente de las medidas de bloqueo total, o encierro si se prefiere, y de las reglas autoritarias que, en nombre de contener la propagación del virus, prohíben los eventos públicos en general y, en particular, los de masa y protesta, así como conferencias y asambleas. En una palabra, los espacios para la elaboración de ideas críticas y posible contestación al orden dominante.
Bastaría buscar en el diccionario la palabra encierro, para tener una visión más clara del cuadro que va tomando forma: “Castigo -dice el diccionario- que consiste en confinar a un preso en su celda, sin dejarlo salir por una hora de aire”. ¿Qué tipo de empresa es la que se estructura según la alternancia de cierres generalizados y periodos cortos (mensuales o semanales) concedidos por una hora de aire? Los ciudadanos son reemplazados por los presos, que se someten a un poder policial (además de médico y técnico) que transforma la sociedad, de un lugar de relaciones libres, en una prisión permanente, en un espacio de control total sobre la piel y bajo la piel.
Después de todo, esto sería suficiente para favorecer un “gran rechazo”, una protesta colectiva masiva contra la sociedad asocial del distanciamiento social y el encierro. En cambio, reina una calma plana, como si amaran su celda de por vida porque tienen miedo de lo que está afuera, inmediatamente combinado, con un reflejo magnético, al virus, al contagio, a la inseguridad generalizada. En esto, por supuesto, juegan un papel fundamental las usuales izquierdas liberales-libertarias posmodernas y las brigadas fucsias del antifascismo: que tacharan de fascistas no a los gobiernos oligárquicos y represivos, que ahora hablan abiertamente un léxico marcial digno del período de los años veinte (“guerra contra el virus”, “enemigo invisible”, “boletines”, “sacrificios para combatir el virus”), sino a los que se atreven a oponerse a ellos reivindicando la libertad, los derechos y la Constitución.
En el mundo al revés en el que vivimos, los torturadores son benefactores y los disidentes del régimen son peligrosos subversivos, “negacionistas”, como los llama ahora la neolengua hegemónica. El encierro y la “prohibición de reunirse” (que pasa sin problemas a una “prohibición de reunión”) son los dos pilares del nuevo sistema de control oligárquico y neo patronal en detrimento de las masas consideradas redundantes y superfluas: el distanciamiento social es el eje – no me cansaré de repetirlo – de la nueva organización social de arriba hacia abajo, del nuevo capitalismo terapéutico y de la nueva sociedad patronal.
El virus, cuya existencia sólo cuestionan realmente los grupos folclóricos pintorescos (jugando el papel de idiotas útiles que el poder no dejará de usar para deslegitimar la disidencia), existe y es utilizado por el poder tecnocapitalista como fundamento de una reorganización autoritaria de los activos sociales, políticos y económicos. Es una reorganización autoritaria, como decía, pero también un pasaje a una nueva fase del capitalismo: un pasaje que, como “extensión orgánica” más que como “gran reinicio”, se gestiona de arriba hacia abajo a través de la letal díada de terror y superstición, ciertamente, no a través del consenso popular ni elecciones democráticas.
Es, desde cierto punto de vista, el gran asalto final a los derechos constitucionales y a la política parlamentaria. Se trata, de nuevo, de la transición decisiva hacia un nuevo modelo, en el que capitalismo y la democracia, ya en tensión desde hace algún tiempo en la era del saber hacer liberal, se separan por completo: y dan paso a los comités técnicos de expertos (banqueros y altos directivos) y a la toma de decisiones, cualquier cosa menos democrática, del DPCM* [Decreto del presidente del Consejo de Ministros] y del ejecutivo fuerte.
Lo que está surgiendo, con contornos claros, es un capitalismo pandémico-sanitario autoritario y aterrador: gobierna a través del terror y la emergencia, induciendo a las masas asustadas a aceptar decisiones drásticas y antidemocráticas como único salvavidas para asegurar la bios. En nombre de la contención del virus y la seguridad sanitaria, legitima la expropiación de la democracia y los derechos, así como la cada vez mayor violación del espíritu y la letra de la Constitución.
Que la emergencia no es sic et simpliciter una emergencia, sino que un método de gobernanza puntual y estructurado, surge, además, de esto: la línea estricta de distanciamiento, cuarentena, encierro, rastreo, tenía que ser temporal, tenía que durar como máximo – era marzo de 2020 – unas pocas semanas. Pero ya lo hemos olvidado y a estas alturas hemos aprendido a vivir con la emergencia y con las medidas relacionadas, como si ya fuera, de hecho, la nueva normalidad, la new normal.
En esto, la lección de Foucault y, después de él, de Agamben parece más preciosa que cualquier otra. La emergencia, debe reiterarse hasta la saciedad, ad nauseam, es un método de gobernanza. Y si logra convertir lo inadmisible en inevitable, lo hace porque lo presenta como limitado en el tiempo, como válido para el corto período de la crisis. Lo tácito, por supuesto, radica en el hecho de que la crisis tenderá a no terminar nunca y, con ella, lo inadmisible se convierte en inevitable.
La emergencia, por si fuera poco, vuelve invisible para la mayoría de la gente la verdadera naturaleza autoritaria que asume el poder: ejército en la calle, toque de queda, prohibición de asamblea pública son todas medidas que, sin la narrativa de la emergencia, bastarían para identificar un régimen autoritario en pleno sentido y que, en cambio, gracias a la emergencia, las medidas de protección y por un buen propósito parecen ser merecedoras.
Las medidas que limitan la libertad para garantizar la seguridad son así aceptadas, cuando no invocadas, por el rebaño humano asustado por la narrativa que maneja ese mismo poder que inculca la necesidad de seguridad y luego la provee para satisfacerla. De ese poder, es decir, que grita a las redes unificadas a la emergencia y que, mientras tanto, exhibe las formas de remediarlo: vías que -desde el encierro hasta la prohibición de reunión- van todas en dirección a un giro autoritario.
“La salud está antes que la democracia”, periodistas y médicos a veces se dejan escapar, en raros estallidos de parrhesia, dejando claro el funcionamiento del dispositivo de seguridad-emergencia. Aquí, una vez más, el logos médico juega su papel esencial: las medidas de política autoritaria aparecen motivadas objetiva y científicamente, por razones extra políticas, si la necesidad es hecha por los médicos. Quien lo niega es tratado como un negacionista incompetente y no como un rebelde que lucha por la libertad y la Constitución. Quienes los implementan son, por su parte, tratados como meritorios ejecutores de las prescripciones científicas de los médicos y no como un político que ha optado por la vía del autoritarismo y el régimen protector.
La ciencia médica puede, por supuesto, sugerirnos que los cruces de peatones pueden promover lesiones al cruzar; que fumar daña la salud y el sistema nacional de salud; o, nuevamente, que conducir en automóvil puede causar ciertos traumas a uno mismo y a los demás. Pero le toca a la política intervenir para conciliar la necesidad del paso de peatones y el respeto por la vida de los mismos, por la libertad individual (fumar) y por la protección del sistema de salud, el uso del automóvil y la libertad de circulación.
Un sistema que, en nombre de la protección absoluta, prohibiera el paso de peatones o la conducción de un automóvil o -y este es el caso- salir de la casa con la regla de encierro, sería autoritario, como siempre ocurre -este es el punto- cuando entra en juego el mito de la protección absoluta. Eso es propio del Leviatán más que de la democracia, ya que establece que el ciudadano, por definición, no es libre, sino que es, de hecho, un “preso”, siempre supervisado y administrado en todos los sentidos.
*serie de decretos gubernamentales, DPCM (Decreto del presidente del Consejo de Ministros) emitidos bajo el estado de emergencia y que han introducido las medidas para evitar la difusión del coronavirus.
**Fuente: ilfattoquotidiano.it / Traducido al español por Cristian Taborda.
