La crisis en el área de la Salud no encuentra freno: el recorte de programas médicos, como el Remediar, el despido masivo de operadores de la salud mental, la falta de insumos en los hospitales, entre otras. El miércoles se hizo pública la advertencia de la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra) por una deuda del Estado nacional de 250 millones de pesos con las prestadoras que las pone al borde del cierre y que las obliga a no tomar nuevos pacientes a partir del 1 de septiembre.
Darío Zapata, presidente de la Cadra, habló con Tiempo por la carta documento que le enviaron al titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Santiago Ibarzabal, y al responsable del programa Incluir Salud (ex Profe), Pablo Atchabahian. En esa carta el directorio de Cadra pide respuestas inmediatas para evitar “consecuencias indeseadas”.
“Por encima de lo que puede ser una discusión de recursos, hay personas que si no pueden seguir sus tratamientos de diálisis ponen en riesgo su vida de manera inmediata. Entonces hay que entender y ver de qué manera resolver. La red prestacional tiene toda la predisposición, pero necesitamos los recursos. Está en juego la vida de las personas detrás de esto”, explica el doctor Zapata yendo al fondo de la discusión.
El programa Incluir Salud (ex Profe) tiene catorce años de funcionamiento pero ahora “está claudicando” continúa Zapata y cuenta que si bien vienen con dificultades de un tiempo atrás, en 2018 se ha agudizado la situación en el contexto económico del país. El presidente de Cadra explica que “la diálisis es una práctica médica que requiere de insumos dolarizados y consume muchos servicios, como energía y agua”, relata Zapata mientras el dólar trepa por encima de los 39 pesos.
“Muchos centros de diálisis están en situación de quebranto con anuncio de cierre. Nosotros hemos planteado este problema ya hace tiempo y no hay ninguna respuesta. Por el contrario, hay respuestas tajantes de hasta no reconocimiento de deuda, pero el último cobro ha sido en marzo. Hay una deuda de 250 millones de pesos. Y enfrentamos una crisis tremenda”, así pinta el cuadro de situación de los centros especializados en diálisis del país el presidente de Cadra, organización que representa a más de 150 centros en todo el país.
El programa dependía del Ministerio de Salud de la Nación y para febrero pasó a depender de la Agencia Nacional de Discapacidad, este cambio “en vez de mejorar la situación, la agudizó. Ellos argumentan problemas de presupuesto, pero si ponemos las cosas en su contexto general, el Estado está realizando recortes presupuestarios por todos lados sin garantizar la supervivencia de programas de salud, y esto es inviable porque no podemos seguir prestando los servicios, que pagan a un valor bajo con un costo financiero altísimo. Porque nosotros prestamos los servicios médicos en marzo y aún no lo hemos cobrado”.
El problema central es la vida en vilo de las personas que se atienden por este programa, principalmente madres de muchos hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años. El doctor Zapata busca dejar claro que no dejaran de prestar los servicios porque nos comprometimos con los pacientes, “pero a partir del 1 de septiembre no incorporaremos nuevos pacientes. Los que ya tenemos, los mantendremos en tanto y en cuanto podamos sostenerlos. Si la situación sigue igual o se agudiza obviamente habrá centros que cierren y el Estado tendrá que hacerse cargo de ellos. La carta documento que le hemos enviado es avisando esta situación”. El problema central es la vida en vilo de las personas que se atienden por este programa, principalmente madres de muchos hijos, personas con discapacidad y adultos mayores de 70 años.
El doctor Zapata busca dejar claro que no dejaran de prestar los servicios porque nos comprometimos con los pacientes, “pero a partir del 1 de septiembre no incorporaremos nuevos pacientes. Los que ya tenemos, los mantendremos en tanto y en cuanto podamos sostenerlos. Si la situación sigue igual o se agudiza obviamente habrá centros que cierren y el Estado tendrá que hacerse cargo de ellos. La carta documento que le hemos enviado es avisando esta situación”.
Fuente: Tiempo Argentino
