El fiscal entrerriano Jorge Gramal Taleb aseguró hoy en su alegato en el juicio contra la superiora del convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá que una de las víctimas fue «privada de su libertad y torturada» durante seis años en el convento.
Además, el fiscal destacó que los hechos denunciados son «graves violaciones a los derechos humanos, de abuso eclesiástico y de anulación de la personalidad» de dos víctimas «reducidas a siervas» por parte de la acusada, la superiora Luisa Toledo.
La religiosa es juzgada por privación ilegítima de la libertad y reducción a la servidumbre de religiosas e internas entre 10 y 25 años en el convento de las Carmelitas Descalzas.
«Durante seis años, entre 2007 y 2013, una de las internas fue privada ilegítimamente de su voluntad, y retenida en contra de su voluntad, obligada a usar mordazas de madera en su boca durante una semana», precisó el fiscal.
Además, apuntó que la monja superiora «aplicó e hizo aplicar tormentos en contra de la constitución de las carmelitas descalzas», usando látigos y cilicios.
El fiscal remarcó que la víctima sufrió «encierros en la celda durante tres o cuatro días donde sólo podía beber agua y comer pan, al punto de perder toda noción temporal».
«Todo esto provocó un estado de profundo deterioro psicológico, que tuvo intentos de suicidio llegando a azotarse la cabeza contra el suelo», detalló Gamal Taleb.
Por su parte, uno de los abogados defensores de la monja, Guillermo Vartorelli, dijo que «no hay delito, ni privación ilegitima de la libertad ni ningún otro» y que es «excesiva la calificación legal que se aplicó».
Vartorelli consideró que Toledo realizó todas sus acciones «por un ordenamiento propio de la orden de las carmelitas, ella aplicó la constitución de la orden como entendía y de la manera que aprendió».
En tanto, presentarán como testigo a un sacerdote experto en Derecho Canónico para explicar y justificar «el funcionamiento interno del convento» de Nogoyá.
El Tribunal Juicio y Apelaciones de Gualeguay, integrado por los jueces María Angélica Pivas, Darío Crespo y Javier Cadenas está a cargo de las audiencias que continuarán el viernes 14 y la semana próxima, los días 18, 19, 25, 27 y 28 de junio, a partir de las 9.
La causa surgió por una denuncia periodística de agosto de 2016, que motivó el allanamiento del monasterio ubicado en calle Illia 918 de Nogoyá, donde se hallaron elementos de tortura y autoflagelación como látigos y cilicios.
Al intentar ingresar las autoridades, la superiora del lugar resistió el ingreso de los funcionarios judiciales y policías que forzaron la puerta pero luego «no hubo resistencia en los cuartos, donde se entregaron cilicios y látigos».
