Las redes sociales que operan en Alemania deberán pagar multas de hasta 50 millones de euros si no eliminan los contenidos «obviamente delictivos» en un lapso de 24 horas desde que son denunciados, según la ley contra los «delitos de odio en Internet» que comenzó a regir este lunes y que despierta preocupación entre especialistas.
La norma, aprobada el pasado 30 de junio por el Parlamento alemán, el Bundestag, obliga a Facebook, Twitter, YouTube y demás plataformas sociales con más de dos millones de usuarios a eliminar contenidos «obviamente delictivos» en 24 horas, mientras que el plazo se extienda hasta siete días cuando el contenido denunciado no es «obviamente ilegal».
Sectores de la oposición al gobierno de Ángela Merkel, especialistas y diversas entidades han expresado su preocupación por el hecho de que los cortos plazos y grandes multas de la Netzwerkdurchsetzungsgesetz, la ley abreviada como NetzDG, llevarán a las redes sociales a desplegar una censura extendida incluso sobre contenidos que pueden ser legales.
«Si hay una queja sobre un posteo, lo vas a querer bajar», analizó el relator Especial para la Libertad de Expresión de la ONU, David Kaye, y deslizó que «como resultado es probable que haya una mayor censura».
En la misma línea, el director de la sección alemana de Reporteros Sin Fronteras, Christian Mihr, consideró en un comunicado que “el corto periodo de tiempo para retirar los contenidos, sumado a la amenaza de multas elevadas, llevará muy probablemente a las redes sociales a retirar muchos más contenidos de los legalmente justificados. Hasta publicaciones periodísticas pueden correr el riesgo de verse afectadas por esta medida de bloqueo sin ningún proceso justo”.
Las multas por incumplir son de cinco millones de euros pero pueden ascender hasta 50 millones, dependiendo de la severidad de la ofensa, y los contenidos eliminados deben ser conservados a modo de prueba de su carácter delictivo.
La norma, tildada como la más dura del mundo en su tipo, está dirigida contra contenidos que incurran en injurias, amenazas, incitación a la violencia y delitos de odio, aunque no crea nuevos delitos sino que cita secciones del Código Penal alemán.
La precisa definición de los contenidos es «clave» para que no se produzca un exceso de censura, «porque si no le dan a los propietarios de redes sociales un rol de policía», analizó el docente universitario de comunicación e investigador del Conicet Martín Becerra.
«En la medida en que esté debida y precisamente tipificado, y que no se preste a ambigüedades ni confusión, qué es lo que significa el discurso de odio que las redes sociales deberían remover, creo que tiene algo de lógica aplicar reglas de juego para evitar que ese discurso de odio de propague», consideró el especialista.
