El ex vicepresidente Amado Boudou insistió hoy con su pedido de excarcelación ante la Cámara Federal, luego de que fuera arrestado el pasado viernes y trasladado al penal de Ezeiza en una causa por asociación ilícita y lavado de dinero.
Por otra parte, el Servicio Penitenciario Federal informó que el ex funcionario permanecerá alojado en el Hospital Penitenciario Central hasta que concluyan los estudios médicos requeridos y que, recién entonces, se establecerá su lugar de detención.
«El Servicio Penitenciario Federal informa que los internos Amado Boudou y José María Nuñez Carmona permanecerán alojados en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza hasta tanto concluyan los estudios médicos de rigor que determinen el estado de salud física y mental de los nombrados», indicó el comunicado oficial.
Y agregó que «en simultáneo se llevan a cabo las evaluaciones criminológicas y de riesgos correspondientes» y que una vez finalizadas esas instancias «se procederá a definir el alojamiento que corresponda».
Fuentes judiciales informaron que Eduardo Durañona, defensor de Boudou, apeló ante la Sala 1 de la Cámara Federal, luego que en primera instancia el juez federal Ariel Lijo le denegara su libertad.
Por su parte, el abogado del empresario José María Nuñez Carmona, Matías Molinero, también apeló ante la Cámara la excarcelación denegada en primera instancia así como el rechazo a la nulidad de la detención de su cliente.
«El fallo apelado debe ser revocado por contener graves defectos de fundamentos que implican no sólo una errónea aplicación de la ley, sino inclusive de la ley procesal», sostuvo el abogado de Boudou, Eduardo Durañona, quien sostuvo que la detención «carece de fundamentos» y por eso es «ilegal y arbitraria».
En la presentación, agregó que su cliente viene participando «activa y normalmente en el trámite del proceso» que se originó «hace ya más de media década sin que ninguna de las partes denunciara la más mínima actividad que constituye ni permita suponer riesgo de fuga ni entorpecimeinto de las investigaciones».
La semana pasada Lijo le había negado la excarcelación por entender que la recuperación de activos en esta causa «podría verse frustrada en caso de continuar el nombrado en libertad» y advirtió, respecto al argumento defensista en torno a la extemporaneidad, que recién el 10 de octubre pasado «fue concluido el peritaje que fuera ordenado en 2015, en donde se han desentramado las relaciones económicas entre los distintos imputados, como así también las operaciones de lavado de activos».
Lijo también había insistido en que «los altos cargos públicos en los que se desempeñó Amado Boudou permiten presumir la existencia de relaciones residuales con actores que podrían configurar una vía de colaboración para eludir la actividad jurisdiccional y poder económico para la elusión o la obstaculización del proceso».
Por otra parte, Boudou presentó una denuncia ante la Cámara Federal, que recayó en el Juzgado de Julián Ercolini, por la filtración de imágenes y videos de su detención el pasado viernes por la mañana en su departamento de Puerto Madero.
El abogado remarcó en la presentación que, incluso, las fotos que se difundieron en distintos medios de prensa tenían la leyenda «oficial» respecto a su origen y por eso apuntó hacia la Prefectura Naval, la cual tuvo a cargo el operativo.
«Las imágenes son tan denigrantes como elocuentes», dijo Durañona en su denuncia.
«En atención a la gravedad de los hechos que aquí se denuncian y existiendo un grave peligro para el éxito de la investigación solicitamos a vuestra señoría me cite a declarar en forma urgente para ratificar los términos de la denuncia», sostuvo el abogado en el escrito al que accedió NA.
Por la filtración de esas imágenes, también el abogado Marcelo Parrilli denunció a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al juez federal Ariel Lijo, quien dio la orden de detención.
