Diez ex integrantes del Destacamento 121 de Inteligencia del Ejército, comenzaron a ser juzgados esta mañana en los Tribunales Federales de Rosario, por 47 crímenes de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.
Se trata de la tercera parte de la causa Guerrieri, contra represores del Batallon 121 del ejército, que tuvo a su cargo cinco centros de detenciones clandestinos.
En ese sentido, el militante de HIJOS, Juan Emilio Basso, explicó a Télam que “de los 47 casos, hay muchos que son sobrevivientes y que ahora pueden dar cuenta de sus secuestros y torturas”. Y agregó: también son testigos de otros casos, porque de esos 47 hay 25 desaparecidos”.
El juicio es dirigido por un tribunal integrado por los jueces José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría.
En tanto, la acusación está a cargo de la Unidad Fiscal de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, a cargo de Adolfo Villatte.
Los querellantes son la ex diputada Alicia Gutiérrez; su hijo Eduardo Leandro Toniolli; Fernando Dussex; Sebastián Álvarez; Sabrina Gullino Valenzuela Negro; Pablo Del Rosso; Ignacio Laluf y María Rosa White.
A su vez, los querellantes son representados por Nadia Schujman, Matías Gomez, Sofia Barros Fosin y Franco Porporato –integrantes del equipo jurídico de la organización Hijos–, Santiago Bereciartúa y Natalia Moyano serán los abogados por la querella de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
La “Causa Guerrieri III” investiga delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención “La Calamita”, “Quinta de Funes”, “La Intermedia” y “Escuela Osvaldo Magnasco” de Rosario.
La causa incluye diez acusados, entre militares retirados y ex Personal Civil de Inteligencia (PCI). El expediente, que ahora llega a juicio oral, investigó los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y tormentos contra 47 víctimas del terrorismo de Estado.
En este sentido, “La Calamita”, “Quinta de Funes”, “La Intermedia” y “Escuela Osvaldo Magnasco” son cuatro de los cinco centros que formaron parte del circuito represivo que estuvo bajo el mando operacional del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, comandado en aquellos años por el coronel Pascual Oscar Guerrieri, y que también incluyó la Fábrica Militar “Domingo Matheu”.
Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos destacaron la importancia de que “se siga haciendo justicia ante atrocidades cometidas en la última dictadura y la apertura de este juicio es un paso más en ese camino”.
Entre los testigos, se encuentra el subsecretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ramón Verón, quien brindará por tercera vez su testimonio como víctima del terrorismo de Estado en el marco de esta causa, que comenzó, en su primera etapa, en agosto de 2009.
Además de Guerrieri, se cuentan entre los acusados Juan Daniel Amelong, Jorge Alberto Fariña, Walter Salvador Pagano, Eduardo Rodolfo Costanzo, Marino Héctor González, Alberto Enrique Pelliza, Ariel López, Juan Andrés Cabrera y Rodolfo Daniel Isach.
Por último, cabe destacar que el tribunal estará integrado por José María Escobar Cello, María Ivón Guadalupe Vella y Luciano Lauría. Actuará como secretario Osvaldo Alberto Facciano.
Acompañamiento de la Justicia
En nuestra provincia se pusieron en marcha causas emblemáticas y el gobierno provincial implementó una serie de políticas públicas destinadas a acompañar a la Justicia y tributar a este proceso de memoria, verdad y justicia, entre ellas: el Programa de Protección y Acompañamiento de Testigos y Querellantes; el Área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de las causas judiciales, y la creación de un Registro de ex presos políticos.
A través del área Memoria, Verdad y Justicia, el gobierno provincial asume un firme compromiso con la implementación de políticas públicas dirigidas a la construcción colectiva de una sociedad más democrática, sin exclusiones y con lugar para todos y todas.
En Santa Fe, los juicios a los responsables por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar se pusieron en marcha en 2009.
El área de Investigación, Apoyatura y Seguimiento de Causas de Lesa Humanidad colabora con las víctimas, familiares, testigos, abogados querellantes, fiscales y jueces. Además, trabaja en la búsqueda e identificación de personas desaparecidas y en la localización de Centros Clandestinos de Detención.
Con la implementación del Programa de Protección de Testigos y Querellantes el Estado asume el compromiso de proteger a sus ciudadanos, y particularmente a aquellos que son testigos, querellantes y patrocinantes, cuyos aportes revisten fundamental importancia para el avance de las causas por violaciones a los derechos humanos.
